Sólo seis exsenadores optan por seguir cobrando la indemnización de la Cámara

Madrid, 12 sep.- Sólo seis exsenadores -cinco más el expresidente Javier Rojo- han optado por seguir cobrando la indemnización por cese como parlamentario, a la que han renunciado otros treinta para poder seguir cobrando su pensión de jubilación.

Los exsenadores han optado entre la indemnización y cualquier otra retribución -incluida la pensión de jubilación- al aplicarse en la Cámara la incompatibilidad que recoge el real decreto 20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Fuentes de la Mesa del Senado han confirmado que, además de Javier Rojo, los senadores que han optado por seguir cobrando la indemnización pro cese son Juana Borrego y Luis Manuel Fraga (ambos del PP) y Ramón Aleu, José María Batlle y Pascual Azorín, los tres del PSC (Entesa).

El vicepresidente del Senado, Juan José Lucas, ha explicado al término de la reunión de la Mesa de la Cámara que la mayor parte de los exsenadores afectados han decidido renunciar a la indemnización por cese de su mandato porque, pese a que su cuantía -2.813 euros- es mayor que la pensión máxima de la Seguridad Social, perderían su asistencia sanitaria.

En esta situación se encuentra el expresidente del Senado, Javier Rojo, quien ha optado por continuar cobrando la indemnización por cese aunque, con esta decisión, pierde su derecho a la asistencia sanitaria de la Seguridad Social.

Lucas ha confirmado que este aspecto de la aplicación en la Cámara del Real Decreto del Ejecutivo será analizado en la próxima reunión de las Mesas Conjuntas del Congreso y del Senado que, previsiblemente, tendrá lugar el lunes 24 de septiembre, y en la que se cerrarán los Presupuestos de ambas cámaras.

La incompatibilidad que recoge el Real Decreto no sólo ha obligado a los exsenadores a escoger entre la retribución que quieren seguir percibiendo, sino que supondrá que algunos tengan que devolver parte de la indemnización percibida, en función de la fecha de entrada en vigor de la medida.

Así y según ha explicado Lucas, la Mesa del Senado decidirá la próxima semana si esa fecha es la de entrada en vigor del Real Decreto del Ejecutivo, el 13 de julio de 2012, o la de aplicación de la incompatibilidad a los exparlamentarios, una decisión que, en todo caso, se quiere adoptar conjuntamente con el Congreso.

Las cantidades que los exsenadores afectados tendrán que devolver a la Cámara por cobro indebido de su indemnización -debido a la retroactividad pasiva que impone el decreto del Gobierno- oscilan entre los 300 y los 2.500 euros.