Sortu. Aralar niega a los cuerpos de seguridad la condición de peritos, por ser parte interesada

El coordinador de Aralar, Patxi Zabaleta, considera que "los policías y guardias civiles no pueden ser tenidos como peritos" que dictaminen la legalidad o ilegalidad de Sortu, puesto que, siendo asalariados del Estado, "son evidentemente parte" y "no son imparciales".
Zabaleta desautorizó así, en declaraciones a Servimedia, que se ilegalice el nuevo partido de la izquierda abertzale a partir de informes como los hechos públicos por la Policía Nacional y la Guardia Civil, que interpretaban que Sortu "es un instrumento de Batasuna al servicio de ETA" promovido por personas vinculadas al terrorismo.
Igualmente, desdeñó los indicios y papeles concretos que atestiguan una relación con Batasuna de dichas personas como "cuestiones secundarias, mínimas" y "de carácter casuístico", que "no afectan a la realidad de los hechos básicos, que es que no puede haber ciudadanos ilegales".
CONTINUIDAD DE BATASUNA
El coordinador de Aralar fue más allá y, desde una perspectiva conceptual, rechazó que el criterio de la supuesta continuidad de Sortu respecto a Batasuna sea el factor decisivo para dictaminar si el nuevo partido abertzale se puede presentar o no a las elecciones.
"Ese formalismo no puede hacer que no se solucione el asunto", indicó, añadiendo que "continuidad tiene que haberla" y que, de hecho, Sortu debe ser legalizado precisamente por esa continuidad, dado que, a diferencia de sus predecesores, rechaza la violencia.
Zabaleta comparó la situación con la de los Hermanos Musulmanes, que, por esa regla de tres, nunca podrían ser legales en Egipto por tener terroristas entre sus ascendientes.
Argumentó que la continuidad se ha de abordar "desde una visión de conjunto" y que "la normalización tiene que ser sin que queden espacios y sectores de ilegalidad".
Por ello, el líder nacionalista espera que "al menos el Tribunal Constitucional", posible segunda instancia del caso, "tenga la audacia de interpretar la Ley de Partidos como en el fondo tiene que ser", y no con una "interpretación restrictiva" que le parece "una indecencia democrática".
En definitiva, el coordinador de Aralar insistió en exigir a ETA el "cese" de sus actividades, pero también reclamó al Gobierno "la legalización sin contraprestaciones dentro de lo que es la legalidad democrática".