Lima, 17 oct.- El juicio contra el expresidente peruano Alberto Fujimori por el presunto desvío de dinero para el pago de diarios sensacionalistas durante su Gobierno (1990-2000) empezó hoy en Lima, pero la audiencia fue suspendida hasta el próximo día 28 debido a que el exmandatario presentó un cuadro de hipertensión.
Las juezas de la Cuarta Sala Penal Liquidadora de Lima dieron inicio al juicio oral por el denominado caso de los "diarios chicha" por el que se presume que hubo un desvío de 122 millones de soles (43 millones de dólares), pero desde que ingresó a la sala Fujimori se mostró demacrado y cabizbajo.
El expresidente, que cumple una condena a 25 años de prisión por abusos a los derechos humanos, ingresó a la audiencia sin vestir traje y corbata como ha hecho en otros juicio y llevando consigo un tensiómetro.
Antes del inicio de la audiencia, Fujimori se colocó el aparato en un brazo para medirse la tensión arterial.
El abogado de Fujimori, William Castillo, pidió a las magistradas que su cliente fuera revisado por los médicos del Instituto Nacional Penitenciario porque presentaba un cuadro de hipertensión.
El exmandatario abandonó la sala por unos minutos y luego retornó para escuchar el inicio de la audiencia y las primeras intervenciones del procurador Julio Arbizu y de su propio abogado.
Durante la breve audiencia, la sala decidió que la recusación presentada por la defensa de Fujimori contra las tres magistradas que la integran sea resuelta, en forma paralela al desarrollo de este juicio, por la Primera Sala Penal Liquidadora.
El abogado de Fujimori adujo que las magistradas no son imparciales porque han realizado declaraciones previas contra el exmandatario.
La Fiscalía peruana ha pedido ocho años de prisión y el pago de un millón de dólares por reparación civil contra Fujimori por el presunto desvío de 122 millones de soles (43 millones de dólares) para atacar desde las páginas de varios diarios sensacionalistas a sus rivales políticos durante la campaña electoral de 2000.
El exmandatario será el último procesado en el caso, por el que en 2005 se condenó a 29 personas, entre ellas a ocho años de prisión al exasesor de inteligencia Vladimiro Montesinos, y los exgenerales Elesván Bello y José Villanueva, por los delitos de peculado (mal uso de fondos públicos) y asociación ilícita para delinquir.
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