Suspenden subjefe policial boliviano que será investigado por represión

  • El Gobierno boliviano suspendió hoy de sus funciones al subjefe de la Policía, general Oscar Muñoz, la cuarta autoridad de alto rango que deja su cargo a causa de la represión policial el mes pasado a una marcha indígena que rechaza la construcción de una carretera a través de un parque natural.

La Paz, 6 oct.- El Gobierno boliviano suspendió hoy de sus funciones al subjefe de la Policía, general Oscar Muñoz, la cuarta autoridad de alto rango que deja su cargo a causa de la represión policial el mes pasado a una marcha indígena que rechaza la construcción de una carretera a través de un parque natural.

El ministro de Gobierno (Interior), Wilfredo Chávez, informó hoy en una rueda de prensa que Muñoz debe someterse a una investigación penal porque fue quien estuvo a cargo del operativo policial contra los indígenas el 25 de septiembre pasado, que el mismo presidente Evo Morales calificó de "imperdonable".

Chávez informó de la suspensión de Muñoz tras desmentir los rumores sobre el supuesto relevo del comandante de la Policía, general Jorge Santiesteban.

La violenta acción policial ha provocado también las recientes renuncias del antecesor de Chávez, Sacha Llorenti; de la ministra de Defensa, Cecilia Chacón; del viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, y otros cargos del Ejecutivo.

El presidente Morales ha insistido en negar que fue él quien dio la orden de la represión contra los indígenas, lo mismo que en su momento hicieron Llorenti y Farfán.

La acción policial fue condenada por instituciones como Naciones Unidas, el Defensor del Pueblo, la Iglesia católica, las asociaciones de prensa y es investigada por la Fiscalía General.

Tras comenzar el pasado 15 de agosto, la marcha indígena avanzó hoy otros 30 kilómetros, entre muestras alternas de solidaridad y hostigamiento, según la inclinación política de los pueblos por donde pasa, y se encuentra ya a 170 kilómetros de La Paz.

Los nativos de la Amazonía prevén llegar a la sede del Gobierno la próxima semana para exigir a Morales una ley que vete de forma definitiva la construcción de la carretera financiada por Brasil.

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