Toda la oposición critica en el congreso a la fiscalía por perseguir a los sindicalistas

Todos los grupos de la oposición del Congreso de los Diputados criticaron hoy el papel de la fiscalía, por entender que en los últimos años ha pedido penas elevadas para sindicalistas y trabajadores que defendieron el derecho a la huelga y de manifestación.
Lo hicieron durante el debate parlamentario de la toma en consideración de una proposición de ley del Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural para derogar el artículo 315.3 del Código Penal, por entender los promotores de la iniciativa que es contrario a los derechos de los trabajadores.
Durante el mismo, los intervinientes de la oposición hicieron hincapié en las distintas penas de cárcel que ha pedido la Fiscalía para sindicalistas y manifestantes, en contrastes con otras por delitos más graves.
En este sentido, hablaron en el hemiciclo de los 14 detenidos del primer 15-M (2011), para diez de los cuales pide el Ministerio Público una pena de 6 años de cárcel, y también de la secretaria general de CCOO de Baleares, que se enfrenta a una petición de cuatro años y medio de prisión por el ejercicio del derecho de manifestación y el de huelga.
Unas solicitudes que contrastan, dijo el diputado Gaspar Llamazares, con los cuatro años de cárcel que la fiscalía ha pedido para el empresario Miguel Flores por el ‘Caso Madrid Arena’, en el que murieron cinco jóvenes.
Durante el debate parlamentario, Gaspar Llamazares (IU), encargado de defender la iniciativa, denunció que existe “un Gobierno y una Fiscalía que dan directrices muy claras para aplicar este artículo a los sindicalistas y hacerlo en particular en las huelgas generales”.
INCOMPRENSIBLE
“Es incomprensible e inaceptable lo que está ocurriendo en el país”, dijo Llamazares, quien denunció la “utilización arbitraria” que hacen de dicho artículo el Ministerio del Interior y la fiscalía, que, añadió, “solamente” se preocupan de los “posibles excesos” de los trabajadores pero no levantan acusación “contra ningún empresario por coacciones para paralizar el derecho de huelga”.
Por su parte, el diputado del PP José Miguel Castillo manifestó que la propuesta de IU no tiene sentido tomarla en consideración “cuando la reforma de ese Código Penal se está tramitando actualmente en esta Cámara”.
Asimismo, aseguró que “en nuestro país ningún sindicalista ha ingresado por convocar o ejercer pacíficamente el derecho de huelga ni por convencer pacíficamente a ningún trabajador para ir a la huelga”.
Por su parte, el diputado Manuel de la Rocha (PSOE) denunció el cambio de criterio de la fiscalía en los últimos tres años respecto al uso del artículo 315.3 del Código Penal.
“La huelga es un derecho fundamental que, en España, se canaliza a través de la Constitución, y es la máxima y última expresión del conflicto social cuando el conflicto social no se ha podido resolver a través del diálogo”, dijo.
Jordi Janè (CiU) manifestó que el artículo apartado 3 del citado artículo del Código Penal es “claramente innecesario” y no puede seguir en el Código Penal.
DERECHO A TRABAJAR
Irene Lozano (UPyD) apoyó la derogación de dicho artículo, pero abogó por proteger también el “derecho a trabajar en jornada de huelga”.
Emilio Olabarría (PNV) señaló que del citado precepto “no hay nada rescatable” y “tiene difícil incardinación” proteger los derechos de los trabajadores en un artículo que persigue el derecho de huelga.
Por parte del Grupo Parlamentario Mixto intervinieron Sabino Cuadra (Amaiur), Olaia Fernández Dávila (BNG) y Joan Baldoví (Compromís-Equo).
Sabino Cuadra (Amaiur) denunció que frente a la contestación social que despiertan sus medidas “reaccionarias”, el Gobierno aplica el “rodillo policial y santas pascuas”, en lugar de tratar un acercamiento y la negociación.
Fernández Dávila (BNG) criticó que el Gobierno necesite tomar medidas represivas para conseguir que las movilizaciones no vayan “más allá”.
Por su parte, Joan Baldoví (Compromís-Equo) denunció el “mundo al revés” en el que “los corruptos van paseándose por la calle mientras el Gobierno decide si le indulta, y los trabajadores se enfrentan a peticiones de cárcel”.
LA INICIATIVA
En su iniciativa, el Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural defiende que dicho artículo “ha sido profusamente utilizado en la represión de trabajadores en sus actuaciones de organización o extensión de la huelga”.
Ha sido mal empleado, señala La Izquierda Plural, especialmente en “los supuestos de huelgas generales de un día de duración, pero también en otros conflictos laborales en los que se ha producido un cierto enconamiento en las posiciones de las partes”.
El artículo 315 del Código Penal, indica la iniciativa de La Izquierda Plural, “viene a tipificar los delitos contra la libertad sindical y el derecho de huelga”.
Sin embargo, el apartado 3 del mismo artículo establece que “las mismas penas del apartado segundo se impondrán a los que, actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga".
La iniciativa pretende “evitar que el Derecho Penal pueda seguir criminalizando el ejercicio del derecho de huelga y funcionando con efectos limitadores o disuasivos en su ejercicio”.
Por eso, propone la “supresión del delito de coacciones para promover la huelga como figura penal incompatible con la Constitución y con la garantía internacional de la libertad sindical”.