El presidente catalán, Quim Torra, ha decidido colgar este viernes al mediodía una nueva pancarta en el balcón del Palau de la Generalitat, con el lema "Libertad de opinión y expresión. Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos". La pancarta ha sido colgada sobre las 15.05 horas por personal del Palau de la Generalitat, después de que al filo de las 12:30 horas dos operarios retiraran otra a favor de "presos políticos y exiliados", con un lazo blanco y una franja roja.
Esta operación se ha realizado, según fuentes del Govern, después de que agentes de los Mossos d'Esquadra acudieran a Palau a notificar que había una orden de la Junta Electoral Central (JEC) para retirar los símbolos soberanistas de los edificios públicos de la administración catalana antes de las 15.00 horas de este viernes. En el resto de edificios de los departamentos de la Generalitat se ha ido retirando esta simbología a lo largo de la mañana sin necesidad de que intervinieran los Mossos.
A partir de ahora se abre un nuevo escenario si a la Junta Electoral llegan nuevas reclamaciones contra la última pancarta de Torra. Tendrá que reunirse y dirimir si vulnera el principio de neutralidad que la legislación pide preservar durante los periodos previos a los comicios.
El cartel de Torra, al defender la libertad de expresión sin simbología ni más mensajes o consignas, pudiera ser legal. La Junta tendrá que analizarlo llegado el caso, y una vez que durante la mañana han ido desapareciendo de los edificios públicos los símbolos colocados ayer, que habían sustituido a los lazos amarillos.
Una vez terminado el plazo de retirada a las 15.00 horas, la Delegación del Gobierno en Cataluña enviaba el informe preceptivo a la JEC y ya recogía la última maniobra de Torra, la de la pancarta por la libertad de expresión. No ha sido el único movimiento del president durante la jornada, pues ha anunciado un recurso ante el Supremo contra las decisiones de la JEC y una querella al mismo órgano por presunta prevaricación.
Asimismo, la Fiscalía ha comenzado el proceso contra él, ya que la fiscal general del Estado, María José Segarra, ha ordenado a la Fiscalía de Cataluña que se querelle por los incumplimientos de los acuerdos de la Junta Electoral Central.
Acepta de este modo la remisión del caso hecha por la JEC ante las "responsabilidades penales" en las que ha podido incurrir el presidente de Cataluña. En el acuerdo de ayer, la Junta acusa a Torra de "incumplimiento consciente y reiterado".
Su actitud, por tanto, podría ser causa de un delito de desobediencia, y a su vez, de inhabilitación para cargo público. El artículo 410 del Código Penal prevé en estos supuestos "inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años". Será la Fiscalía de Cataluña la que estudie el caso porque Torra es aforado y los posibles delitos los habría cometido dentro del territorio catalán.
Las reacciones políticas no se han hecho esperar, incluso para evitar posicionarse, como ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Bruselas al eludir comentar tanto la querella que prepara la Fiscalía como la que ha avanzado Torra contra la JEC.
Sí se ha pronunciado el líder del PP, Pablo Casado, quien ha criticado la "rebeldía" de Torra y su intento "grotesco" de sortear a la Junta Electoral Central. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado, por su parte, que si preside España "no habrá ni un lazo amarillo y se va a acabar con el adoctrinamiento" en Cataluña.
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