Torres-Dulce pide eliminar las faltas y más garantías en procesos mediáticos

Murcia, 15 feb.- El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha anunciado hoy que en junio presentará el Libro Blanco del Ministerio Fiscal y ha propuesto eliminar las faltas, establecer una justicia inmediata para delitos flagrantes y más garantías para las partes en los procesos judiciales mediáticos.

En una conferencia ofrecida en el foro Nueva Murcia, el fiscal ha detallado que el Libro Blanco lleva un año elaborándose como una "radiografía introspectiva y extrovertida sobre las actuales misiones de los fiscales y sobre las que pueden cumplir en los procesos en los que intervienen: de familia, contencioso administrativos, laborales y penales".

Solo en esta última jurisdicción, ha lamentado, se producen cada año 5 millones de diligencias previas, a las que tienen que hacer frente 5.000 jueces y 2.400 fiscales, por lo que ha abogado por que la justicia sea "el último remedio, el quirófano donde arreglar conflictos sociales que no hayan podido solventar antes mecanismos de arbitraje, de mediación y de prevención de problemas sociales".

Si la sociedad no opera esos resortes, "la justicia actuará entonces quirúrgicamente, imponiendo penas y sanciones, pero difícilmente podrá poner remedio a las malas prácticas bancarias, las desigualdades económicas, la violencia de género o la corrupción política", ha advertido.

"Es el momento de atacar la reforma del proceso penal expulsando de la jurisdicción las faltas, que generan 800.000 juicios al año, de los que unos 350.000 requieren de la presencia del fiscal, cuando en ningún país del mundo se dilucidan en los tribunales de justicia esas mínimas infracciones de la convivencia, que bien podrían abordarse en tribunales de policía administrativa imparciales o con soluciones de sociedad civil y arbitrajes privados", ha asegurado.

En segundo lugar, se ha declarado partidario de la justicia inmediata para los delitos flagrantes con juzgados en marcha 24 horas en los que la figura conocida como "el juez del mazo" dilucide procesos en los que es innecesaria la instrucción, la investigación o el atestado policial.

A este tipo de procesos, las partes acudirían con sus pruebas a la vista oral para que el juez, con mecanismos modernos de conformidad, ofrezca penas alternativas a la prisión como trabajos para la comunidad, pues es "una burla" que un proceso en el que la fiscalía califica en tres días fije su vista oral para un año después, como está ocurriendo en la actualidad, ha detallado.

En tercer lugar, ha apostado por el modelo anglosajón para los grandes procesos "mediáticos, complejos, con complicadas pruebas periciales", de modo que se incrementen las garantías para la igualdad de las partes en el proceso con el fin de llegar cuanto antes a la vista oral.

Así, se acortaría el proceso y se evitaría primero practicar pruebas ante la policía, luego ante el juez de instrucción, después en la fase intermedia y finalmente de nuevo en la vista oral, lo que permitiría que la ciudadanía percibiera "celeridad y presteza" de la justicia ante la "enfermedad social de la corrupción", pues es "intolerable" que ese tipo de casos se dilaten durante tantos años.

A este respecto, ha afirmado tener el compromiso del Ministerio de Justicia para dotar de más medios personales, materiales y de auxilio en el peritaje para una "absolutamente desbordada" Fiscalía Anticorrupción y para las secciones de delitos económicos de Madrid y Barcelona.