Torres-Dulce pide reducir los juicios de faltas "porque son un disparate"

Ceuta, 23 may.- El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha abogado por reducir el número de juicios de faltas que se llevan a cabo "porque es un disparate" y los tribunales "no pueden resolverlo todo".

Torres-Dulce ha realizado esta consideración durante una ponencia pronunciada en el marco de las "V Jornadas Jurídicas" titulada el "Ministerio Fiscal y la reforma de la justicia" organizadas por el Consejo General del Poder Judicial en la ciudad ceutí.

El fiscal general ha señalado que es "necesaria" una reforma de la Administración de Justicia, aún a pesar de que ha advertido que no es "catastrofista" en lo que se refiere a su situación actual.

Torres-Dulce ha señalado que existe una necesidad "imperativa y urgente" de una "profunda" reforma al señalar que en España las cosas "se intentan arreglar legislando blanco sobre negro y sería desatinado establecer parcheos o reformas poco meditadas".

El fiscal general ha lamentado que "se piense que todo es delito y debe corregirse a través del Código Penal, por lo que se debería trabajar sobre la vigencia de la aplicación de una ley porque no sabemos dónde ni por qué se atascan los procedimientos".

En su opinión es "disparatado" decir que una reforma no comporta una "gran inversión presupuestaria" pero ha advertido que se tiene que hacer una "reflexión seria" sobre el impacto que la misma tiene en las plantillas de jueces y fiscales.

Ha dicho que no se debe ampliar "masivamente" la cifra de jueces y fiscales "ya que antes de hacer eso hay que reflexionar sobre la desjudicialización de muchos casos ya que realizar 800.000 juicios de faltas supone un disparate de medios".

Ha señalado que va a remitir un documento al Gobierno para "oxigenar" el campo de la justicia de faltas "porque si no despejamos esto... tenemos la tasa más alta de litigiosidad de la Unión Europea porque existe un pensamiento de que los tribunales lo resuelvan todo".

Por otro lado, ha advertido que actualmente el presupuesto para la Administración de Justicia supone que sólo queda un "25 por ciento para invertir en tecnología ya que el resto del dinero es para pagar nóminas mientras que en otros países de la UE se invierte el 50 por ciento, lo cual compromete la eficiencia de la modernización de la justicia en España".