Sao Paulo, 29 ene.- La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) denunció hoy que la tortura es un problema "crónico" en comisarías y cárceles brasileñas, y alertó sobre el aumento de los homicidios ejercidos por la policía en estados como Río de Janeiro y Sao Paulo.
La directora para Brasil de la entidad, María Laura Canineu, presentó hoy en Sao Paulo el capítulo brasileño del anuario mundial de HRW y destacó como avances de 2014 en derechos humanos el informe de la Comisión de la Verdad sobre los crímenes de la dictadura militar (1964-1985).
Las principales preocupaciones de HRW sobre los derechos humanos en Brasil, según la ejecutiva, estuvieron en torno a las violaciones a los derechos humanos en el sistema penitenciario, en las comisarías y en las acciones callejeras de la policía.
"La tortura es una herencia de la impunidad", afirmó Canindeu, que citó la existencia de más de 5.000 denuncias de torturas por agentes públicos y privados, de las cuales el 84 % fueron cometidas dentro de las cárceles y comisarías.
En la cárcel de Pedrinhas, de Maranhao, uno de los estados más pobres del noreste país, se llevan contabilizados desde 2013 ochenta muertos a raíz del crecimiento de facciones criminales, evaluó Canindeu, quien calificó como positivo los avances que comenzó a hacer desde octubre el poder público en ese lugar.
Una de las salidas, según destacó la dirigente, es el proyecto de ley presentado por el diputado Paulo Teixeira para contrarrestar la tortura a los detenidos, que consiste en acelerar la denuncia permitiendo que la víctima pueda declarar dentro las 24 horas después de la agresión ante un magistrado.
Los estados de Sao Paulo y Río de Janeiro, por su parte, fueron para HWR los más golpeados por la letalidad de la policía.
"El estado de Sao Paulo mata mucho más que toda la policía de Sudáfrica entera, en forma legítima e ilegítima", manifestó Canineu.
En el más poblado y rico de los estados brasileños y en 2014, respecto a 2013, hubo un aumento del 97 % de las muertes atribuidas a policías, que según HRW contabilizaron un total de 728 el año pasado.
En Río de Janeiro, en tanto, se elevó ese número en un 40 % en el mismo comparativo.
Canineu aplaudió también la decisión de la Comisión de la Verdad que investigó la violación de derechos humanos durante la dictadura e insistió en que los autores de crímenes de lesa humanidad puedan ser juzgados por sus delitos pese a la Ley de Amnistía que el propio régimen dictó en 1979 que impide abrir procesos en los tribunales.
"La creación de la comisión es un paso fundamental para la solución de problemas de derechos humanos en Brasil. Se identificó que los abusos a los derechos humanos eran una política de Estado", puntualizó la dirigente de la ONG.
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