Trabajo espera hacer dos millones de itinerarios individualizados a parados en 2011

El Consejo de Ministros aprobó este viernes la reforma de las políticas activas de empleo, que incluye el derecho de los parados a recibir un itinerario individual y personalizado de reinserción laboral.
Para cubrir la demanda de itinerarios, el Gobierno renovó en diciembre a los 1.500 orientadores contratados a mediados de 2008 e incorporó a otros 1.500 especialistas a las plantillas de los servicios públicos de empleo.
La previsión del Ministerio de Trabajo e Inmigración es que estos orientadores puedan realizar cerca de dos millones de itinerarios individualizados al año, según avanzó en un encuentro informativo la secretaria de Estado de Empleo, María Luz Rodríguez.
Durante 2010, los 1.500 orientadores que había en activo realizaron 900.000 itinerarios, por lo que el Ejecutivo calcula que una vez entre en vigor la reforma de las políticas activas y con el doble de efectivos se puedan alcanzar los dos millones.
En 2011, los servicios públicos de empleo priorizarán la elaboración de los itinerarios de los colectivos con más dificultades, como los jóvenes, los parados de larga duración o los mayores de 45 años procedentes de sectores en crisis, como la construcción. Poco a poco se irá abriendo el abanico con el objetivo de que en el año 2013 se produzca la "universalización" de este derecho.
La reforma de las políticas activas se centra principalmente en los programas de empleo, a los que el Gobierno destina aproximadamente una tercera parte del presupuesto total de estas políticas, que asciende a 7.400 millones de euros.
Las otras áreas de las políticas de empleo son las bonificaciones, que ya se reformaron recientemente, y las inversiones en formación de trabajadores y parados.
En este último caso, la reforma lo que hace es incorporar la formación a la ley de empleo. Por otro lado, Rodríguez avanzó que en abril comenzará la negociación del quinto acuerdo de formación para el empleo.
PROGRAMAS DE EMPLEO
La reforma aprobada este viernes se centra en los programas de empleo con una amplia cláusula derogatoria que elimina todos los planes y programas existentes hasta ahora a nivel nacional y que obligaban a las comunidades autónomas a llevarlos a cabo.
Según la secretaria de Estado, estos programas a nivel nacional dejaban a las comunidades autónomas "sin margen de maniobra" ya que establecían los mismos planes para todas, sin tener en cuenta si cubrían sus necesidades particulares o no.
La reforma elimina estos programas nacionales y deja que sean las comunidades autónomas las que diseñen sus medidas de empleo en función de sus necesidades, ajustando los planes al perfil de sus parados y ocupados.
No obstante, el Gobierno introduce también una serie de instrumentos para dar cohesión a estas políticas de empleo con el objetivo de garantizar la unidad en el tratamiento de los desempleados.
Para lograr esta cohesión, el Ejecutivo, en cuanto entre en vigor la reforma, empezará a negociar con los agentes sociales y las comunidades autónomas una Estrategia Española de Empleo plurianual que fijará una orientación de las políticas activas y unos objetivos concretos a cumplir.
Además, esta estrategia establecerá una serie de indicadores para controlar el cumplimiento de estos objetivos y fijará las dotaciones económicas y el reparto de las inversiones del Estado.
Una vez hecha esta estrategia, que el Ejecutivo espera que esté lista en octubre, comenzará la negociación de un Plan Nacional de Política de Empleo que tendrá una vigencia anual y establecerá las orientaciones y los objetivos que se deberán cumplir año a año.
El primero de estos planes, que fijará el camino para dar cumplimiento a la estrategia plurianual, será el del año 2012.
ITINERARIOS
Otro de los puntos para dar cohesión a las políticas activas de empleo será el derecho de todos los parados a recibir el itinerario individualizado para su reinserción laboral, que constará de una entrevista, una descripción del itinerario y la adopción por parte del parado de un Acuerdo Personal de Empleo.
Este acuerdo incluirá una serie de derechos para el desempleado, principalmente el de recibir todas las actividades formativas fijadas en el itinerario; pero también fija unas obligaciones, que son su participación activa en este "camino" hacia su reinserción.
Así, el parado estará obligado a participar en las acciones formativas que fije su acuerdo, de lo contrario se entenderá como un incumplimiento de su compromiso de actividad, lo que conllevaría una serie de sanciones que son las mismas que están actualmente en vigor.
Las sanciones leves (como la no comparecencia ante el servicio de empleo) y las graves (como rechazar una oferta de empleo adecuada) conllevan la suspensión de la prestación por paro durante un tiempo. Por su parte, la reiteración en tres ocasiones de una falta grave o cometer una muy grave (fraude en las prestaciones o compatibilizarlo con un trabajo) supondrá la extinción definitiva de la prestación.
Por último, todos los servicios públicos de empleo, incluido el estatal, tendrán un catálago de servicios que deberán prestar a los ciudadanos y, por primera vez, a las empresas.
Entre los servicios a las empresas, además de la colaboración en la colocación de trabajadores, los servicios de empleo ayudarán en los procesos de selección de empleados y en la formación.
El Ejecutivo tramitará esta reforma como real decreto para que entre en vigor cuanto antes, aunque prevé que, tras ser convalidada, se tramitará como proyecto de ley.
Rodríguez destacó que la elaboración de la reforma ha sido un proceso "transparente" que ha contado con la colaboración de todas las comunidades autónomas.
Sin embargo, criticó que esta colaboración terminó "hace tres días", cuando las comunidades gobernadas por el PP empezaron a recibir "consignas políticas".