Carmena y Colau obligan a invertir en Cercanías por sus restricciones al tráfico

  • Las Cercanías suponen casi el 90% del tráfico total de Renfe, que recibe 500 millones anuales para garantizar el servicio.

    Madrid y Barcelona han adelantado planes para restringir el tráfico privado y reducir las emisiones contaminantes.

Carmena y Colau obligan a Renfe a invertir en Cercanías por las restricciones al tráfico
Carmena y Colau obligan a Renfe a invertir en Cercanías por las restricciones al tráfico
Santiago Carcar

Lo peor que le puede suceder a una empresa que presta un servicio es quedarse corta en las previsiones de demanda. En el transporte, un error puede ser caótico. El presidente de Renfe, Juan Alfaro, sabe que el transporte de cercanías va a ser el factor que marcará la línea entre el éxito y el fracaso en esta legislatura. La compañía, aseguran fuentes de la compañía, prepara un plan para hacer frente a lo inevitable: el aumento de restricciones al tráfico privado en las grandes capitales, Madrid y Barcelona. 

Las alarmas saltaron a finales de 2016, cuando Madrid, con el nuevo equipo de Manuela Carmena a la cabeza, se convirtió en la primera ciudad española en restringir el tráfico por contaminación.

El convencimiento de que las restricciones irán en aumento, no sólo en Madrid, sino en otras grandes capitales como Barcelona, llevó la preocupación a la cúpula de Renfe y del Ministerio de Fomento. Aunque las líneas AVE y de alta velocidad ocupan grandes espacios informativos, el grueso de la actividad de Renfe se centra en el transporte de cercanías y regional. 400 millones de pasajeros

Los números son contundentes. En 2015, los trenes de Cercanías de los distintos núcleos de población donde se presta este servicio transportaron 403 millones de pasajeros, mientras que los de Media Distancia convencional, a unos 24 millones. El AVE, por su parte, movió 19,4 millones de usuarios, y la Larga Distancia, 11 millones más. 

Para hacer frente al servicio en las grandes capitales, Renfe cuenta con trenes remozados, pero que han cumplido ya con creces con su función. La mayoría corresponden a modelos 446 y 447, con muchos años encima –datan de finales de los años 80-. Muchos de ellos han sido remozados, en un proceso denominado Gran R, que renueva prácticamente todo el tren excepto la estructura. 

Pero han cumplido con su vida útil, están amortizados y ahora toca renovar. El Ministerio de Fomento lo sabe. Lo confirmó recientemente el ministro Íñigo de la Serna. Renfe, adelantó De la Serna, está preparando un "ambicioso" plan de adquisición de nuevos trenes, ya que "cada vez vamos a poner en marcha más infraestructuras". 

Dicho plan se sumará a la renovación de la flota de trenes de alta velocidad que llevará a cabo Renfe a través del contrato adjudicado a Talgo por 1.300 millones de euros. Las grandes empresas, pendientes

Renfe confirma la intención y el desarrollo de un plan para las Cercanías que pone los dientes largos a las grandes empresas suministradoras: CAF, Alsthom, Siemens y Bombardier, las compañías que a principios de 2002 colaboraron en el desarrollo de los trenes Civia adquiridos por Renfe desde 2002. 

Aunque no hay cifras concretas de lo que supondrán las compras, Ministerio y Renfe saben que no será barato. Todo, para que Renfe pueda cumplir con el compromiso que mantiene con el Estado para prestar servicios de Cercanías y Regionales. Para costear el servicio, la compañía ferroviaria pública recibe anualmente una contraprestación del Estado. En 2016 fueron 500 millones de euros. 

El plan urge. Las medidas para restringir que anuncian las grandes capitales –no sólo en España- responden a una realidad muy preocupante. La movilidad urbana representa un 10% de todos los gases de efecto invernadero que emite nuestro país al año, según el informe de Greenpeace El Transporte en las Ciudades, un motor sin freno del cambio climático. La mitad de las emisiones se producen en las seis mayores áreas metropolitanas del país: Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Sevilla y Valencia.  

En Madrid, la situación es particularmente grave. Otro informe, en este caso de Siemens, concluye que el transporte genera en Madrid el 41% de las emisiones de gases de efecto invernadero, muy por encima de los niveles de otras ciudades europeas -donde también se ha realizado este mismo estudio- , como Copenhague o Helsinki, con el 20% y 32%, respectivamente. El 59% restante corresponde a las emisiones procedentes de los edificios e infraestructuras. Contaminación creciente

Ante la creciente contaminación y sensibilización ciudadana, el Ayuntamiento de Madrid presentó en marzo el Plan de Calidad de Aire y Cambio Climático. Este plan incluye una batería de restricciones al tráfico a corto, medio y largo plazo. La más destacada es la prohibición de circular en toda la ciudad a los vehículos más antiguos a partir de 2025, así como la de aparcar en la zona del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) en 2020. De forma inmediata, planteó la renovación de la flota de autobuses de la EMT, el aumento a las subvenciones para los taxis eléctricos y, el año que viene, se limitará la velocidad de 90 a 70 kilómetros por hora en la M-30 y los accesos a la capital. 

En Barcelona, según el plan de la alcaldesa Ada Colau, los vehículos más contaminantes tendrán prohibida la circulación por la ciudad y otros 39 municipios del área metropolitana de lunes a viernes a partir del 1 enero de 2019 independientemente del estado del aire. La restricción se empezará a aplicar desde el 1 de diciembre de este año solo en episodios de contaminación, que se producen de tres a cinco días anuales. El acuerdo afecta a 40 municipios declarados Zonas de Protección Especial del Medio Atmosférico (Àmbit-40) donde viven 4,3 millones de personas. 

Las restricciones impulsarán el uso del transporte público y en esta ocasión al menos, Renfe no quiere que la realidad le rompa las costuras.  

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