Transparencia. Sáenz de santamaría agrade el “esfuerzo” de los grupos parlamentarios en la ley de transparencia


La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, agradeció hoy a todos los grupos parlamentario su “esfuerzo” en la tramitación de la Ley de Transparencia, que hoy culmina su proceso parlamentario.
Así lo dijo al concluir en la Cámara Baja el debate de las enmiendas del Senado al proyecto de Ley de Transparencia. “Lo importante es que en este Pleno del Congreso de los Diputados se discuta de temas que afectan a la democracia y que afectan a la soberanía de todos ciudadanos, como es el derecho a tener una administración y unas instituciones transparentes y que todos juntos trabajemos para que así lo sean”.
La enmienda del Senado que más críticas ha cosechado es la que incluye una disposición final quinta y por la que se modifica la Ley de Preven¬ción del Blanqueo de Capitales y de la Finan-ciación del Terrorismo.
Asimismo, la Cámara Alta ha propuesto que la entrada en vigor de la ley se haga de manera escalonada, “atendiendo a las especiales circunstancias que conllevará la aplicación de sus diversas disposiciones”.
Otra de las novedades incluida en esta ley por el Senado implica que “los solicitantes de información podrán dirigirse a las Administraciones Públicas en cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado en el territorio en el que radique la Administración en cuestión”.
Asimismo, ha propuesto que las infracciones graves puedan llevar aparejada “la no percepción, en el caso de que la lle¬vara aparejada, de la correspondiente indemni¬zación para el caso de cese en el cargo”.
Según consta en el texto que hoy se vota en el Congreso de los Diputados, son infracciones graves, entre otras, el abuso de autoridad en el ejercicio del cargo, la intervención en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de abstención legalmente señaladas y la emisión de informes y la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales cuando causen perjuicio a la Administración o a los ciudadanos y no constituyan infracción muy grave.
DIRECTRICES Y NORMAS
En cuanto al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el Senado propone que entre sus funciones se encuentre promover “la elaboración de borradores de recomendaciones y de directrices y normas de desarrollo de buenas prácticas” en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno establecerá que la norma será de obligado cumplimiento para las entidades privadas que durante el periodo de un año perciban del erario público más de 100.000 euros, bien en concepto de ayudas o de subvenciones, o cuando “al menos el 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o sub¬vención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros”. La cantidad fijada desde el Congreso era de 3.000 euros.
La ley afectará también a los partidos políticos, a las organizaciones sindicales y a las organizaciones empresariales, así como a la Casa Real, al Congreso de los Diputados, al Senado, al Tribunal Constitucional, al Consejo General del Poder Judicial, al Banco de España, al Consejo de Estado, al Defensor del Pueblo, al Tribunal de Cuentas, al Consejo Económico y Social “y las instituciones autonómicas análogas, en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo”.
Además, habrá un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que, entre otras cosas, velará por el cumplimiento de la propia Ley, iniciando las actuaciones necesarias para tal fin y los procedimientos sancionadores cuando corresponda.

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