Tres acusados de quemar cajeros en Vitoria admiten los hechos y se arrepienten

Madrid.- Tres de los cinco jóvenes acusados de la colocación de artefactos explosivos y el lanzamiento de cocteles molotov contra varias sucursales bancarias de Vitoria durante el año 2002 han admitido hoy los hechos y se han declarado arrepentidos, en el juicio que se sigue contra ellos en la Audiencia Nacional.

Íñigo Murga, Mikel Ruiz y José Antonio de la Red han reconocido su participación en los ataques a los cajeros automáticos de varias oficinas del Banco Bilbao Vizcaya-Argentaria, la Caja Vital-Kutxa y La Caixa en Vitoria, entre enero y mayo de 2002, hechos por los que la Fiscalía pide penas de entre seis y ocho años de cárcel.

Por su parte, los otros dos imputados, Oier Martínez y Gorka Betolaza -este último detenido en Francia en septiembre de 2004 y entregado a España para el cumplimiento de su condena- han negado que participaran en estos actos.

Los diez agentes de la ertzaintza de Vitoria que han declarado hoy como testigos durante la vista han explicado que los tres acusados, que han reconocido los hechos, fueron detenidos el 7 de mayo de 2002 cuando se desplazaban en un coche en el que transportaban artefactos incendiarios, tras haber atentado con otros similares contra un cajero de la entidad bancaria Caja Vital-Kutxa.

Martínez y Betolaza, que no se encontraban en ese coche, fueron imputados al encontrarse su ADN en guantes, capuchas y otras prendas de ropa encontrados cerca de algunos de los lugares atacados.

En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal sostiene que los acusados son integrantes de un grupo de apoyo a ETA y que actuaron "con un claro ánimo de prestar su apoyo" a la banda y "colaborando con los fines de la misma".

Por eso, les acusa de los delitos de daños terroristas y transporte de sustancias incendiarias y pide ocho años de prisión para Oier Martínez e Iñigo Murga, siete años y medio para Mikel Ruiz y seis años de prisión para José Antonio de la Red y Gorka Betolaza.

Igualmente, solicita una indemnización que supera los 90.000 euros por los daños que causaron las explosiones en las entidades bancarias y varios vehículos.