Tribunal rechaza que muertes de reos en 1986 sean crímenes de lesa humanidad

Lima, 3 sep.- El Tribunal Constitucional (TC) de Perú rechazó la calificación de crímenes de lesa humanidad hecha por el Poder Judicial sobre la muerte en 1986 de más de un centenar de presos del desaparecido penal El Frontón, según una resolución publicada hoy en Lima.

El TC declaró nulo el juicio abierto en 2009 "en el extremo que declara que los hechos materia del proceso penal constituyen crímenes de lesa humanidad, manteniéndose subsistentes los demás extremos de la imputación" y señaló que el Poder Judicial hizo una indebida calificación de los hechos.

El tribunal precisó que no ha anulado el proceso en su totalidad, abierto contra exmilitares que participaron en el control del motín, para que "el Estado peruano cumpla con sus compromisos internacionales asumidos con la suscripción de tratados internacionales de protección de los derechos humanos".

En junio de 1986, un grupo de presos acusados de terrorismo se amotinó en el penal de El Frontón, en una isla ubicada frente a las costas de Lima, y tomó como rehenes a trabajadores penitenciarios y policías.

Por decisión del entonces gobierno de Alan García (1985-1990, 2006-2011), la Marina de Guerra retomó el orden de la prisión, y según testimonios recogidos en el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, después de la rendición de los internos se produjeron numerosas ejecuciones extrajudiciales.

De acuerdo a la resolución del TC, no existen indicios que prueben una gestión premeditada del entonces presidente García para acabar con la vida de los internos amotinados.

A fines del año pasado, la fiscal Luz Ibáñez entregó los restos óseos de nueve personas de las aproximadamente 133 que murieron en la matanza de El Frontón, tras ser reconocidos a partir de pruebas de ADN y de un proceso clínico.

Ibáñez informó que el acto se dio en cumplimiento de dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que consideró el caso como una violación del Estado a los derechos humanos y en la que se establece además que los deudos deben recibir una reparación.