Tribunal UE aclara derechos de emigrantes irregulares ante su repatriación

Bruselas, 10 sep.- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) sentenció hoy que los emigrantes irregulares que se encuentran retenidos por las autoridades de un país de cara a su expulsión del mismo no tienen que ser liberados por el hecho de que no se haya garantizado su derecho a la defensa.

"El que no se hayan respetado los derechos de la defensa durante la adopción de una decisión de prolongar la retención de un residente irregular en vista de su expulsión no supone automáticamente el fin de su retención", indicó el tribunal en un comunicado.

Recalcó que, en cualquier caso, los jueces deben verificar si esta violación del derecho a la defensa podría haber impedido que el afectado defendiera mejor su caso y si esto podría haber afectado la decisión de su expatriación.

Este dictamen está motivado por el caso de dos emigrantes que fueron detenidos por las autoridades holandesas para su expulsión del país, quienes presentaron sendos recursos judiciales.

Un tribunal de La Haya consideró que se habían violado los derechos de defensa de ambos afectados, pero desestimó su recursos al considerar que este defecto no daba lugar a la anulación de la retención.

Los emigrantes llevaron la cuestión ante el Consejo de Estado de Holanda, quien confirmó que su derecho de defensa había sido vulnerado, pero señaló que según la legislación holandesa, se podía mantener la retención de los mismos.

Sin embargo, esta institución consultó al Tribunal de Justicia comunitario si esta legislación holandesa está en línea con las normas europeas en este sentido, lo que respaldó la misma en su sentencia de hoy.

El Tribunal con sede en Luxemburgo recalcó que los derechos de la defensa se encuentran entre los derechos fundamentales que forman parte integrante del ordenamiento jurídico de la Unión y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.

Sin embargo, indicó que los derechos fundamentales, como los derechos de la defensa, no son prerrogativas absolutas y pueden sufrir restricciones "a condición de que éstas respondan a objetivos de interés general" y no sea una intervención "desmesurada e intolerable".

"La existencia de una violación de derechos de la defensa debe ser apreciada en función de las circunstancias específicas de cada caso", señaló.