Un abogado imputado en los ERE pide a Interior investigar las anomalías

Sevilla, 9 jul.- El abogado Carlos Leal Bonmati, imputado en el caso de los ERE, afirma que las operaciones en las que se basó su imputación "no son ciertas" y pide al Ministerio del Interior que investigue las "graves irregularidades cometidas por los agentes que comandaron la operación Heracles" en la que fue detenido.

En un comunicado, Carlos Leal informa de los documentos que ha aportado al juzgado de instrucción 6 de Sevilla que, a su juicio, demuestran que la Guardia Civil aportó contra él una "información absolutamente incorrecta", y a la vez omitió "información que tenía en su poder".

Con tal información se acredita que los fondos recibidos por su despacho "ni son públicos ni provienen de la Junta de Andalucía" pues "el dinero que percibe cualquier trabajador del Fogasa por insolvencia de la empresa es exclusivamente suyo, y por tanto tiene la naturaleza de dinero privado".

Ello "hace imposible la comisión del delito de malversación", mantiene en su escrito.

Por otro lado, denuncia "la contradicción que se está produciendo en la reclamación de las responsabilidades civiles" en el caso de los ERE, ya que en ella se integran la parte que las empresas han aportado de su dinero a la póliza, y el cobro de las sumas que perciben los prejubilados legales.

Por otra parte, Leal Bonmati "emplaza" a la Dirección de la Guardia Civil y a los responsables políticos del Ministerio del Interior a que comprueben las "graves irregularidades cometidas por los agentes que comandaron la operación Heracles 1", en la que fue detenido en marzo de 2013, que además se desarrolló "de la forma más humillante y dañina para la imagen de los afectados".

Pide que se exijan responsabilidades a los agentes que, a pesar de tener toda la documentación a su disposición, siguieron manteniendo que los fondos recibidos provenían del erario público andaluz y en base a ello "practicaron detenciones, solicitaron mandamientos de registros y bloqueo de cuentas", hechos que constituyen "las máximas violaciones de los derechos constitucionales que pueden cometer los miembros de las fuerzas y seguridad el Estado".