Un año de 'Púnica': un centenar de imputados, dos en prisión

Punica granatum es el nombre científico del árbol del granado. Francisco Granados, durante años, el segundo hombre más fuerte del PP madrileño, exsenador y consejero. Púnica, la investigación que le colocó como cabecilla de una trama de corrupción municipal que, un año después, cuenta con más de un centenar de imputados. Poco pensaba Granados que un día acabaría en aquella cárcel, la de Estremera, que él mismo había inaugurado seis años antes.

La red de Púnica dibuja un modus operandi de manual entre los corruptos. Según la investigación, Granados y su socio, David Marjaliza, llegaron a amasar una fortuna de 250 millones de euros a través de concursos amañados y adjudicaciones al margen de toda legalidad. La estructura era una maquinaria de hacer dinero: sólo en dos años, entre 2004 y 2006, Marjaliza blanqueó, según el sumario, casi cuatro millones y medio de euros a través de facturas falsas por servicios no prestados.

En su declaración ante el juez, Marjaliza afirmó haber pagado sobornos a cargos públicos a cambio de adjudicaciones de contratos. El sumario descubrió que el constructor había ingresado hasta 10 millones de euros por este sistema opaco. En ese sumario se suceden ejemplos de escándalo. Como una recalificación en Valdemoro, ciudad de la que Granados fue alcalde en la legislatura del 99, y por la que se llevaron una plusvalía de 1'4 millones de euros. Diez veces más que el precio de compra de los terrenos, cuatro años antes.

Ambos, según los investigadores, entregaron dinero en efectivo a varias personas que, a su vez, las ingresaron en sus cuentas de Suiza. Los importes ascienden a más de cinco millones de euros y los pagos nunca fueron declarados. El origen de la investigación fue una denuncia anónimapresentada en marzo de 2013 ante la Fiscalía Anticorrupción y en la que se señalaba a la empresa Waiter Music. Según esa denuncia, la empresa, de la que era propietario el empresario José Luis Huerta, estaba encargada de organizar, por orden de Granados, las fiestas patronales de los principales municipios madrileños. Los contratos estaban inflados, y parte de esa cantidad, según la investigación, retornaba al partido.

La trama acabó también con la carrera del hasta hace unos meses consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, quien, imputado, acabó dimitiendo para no entorpecer las negociaciones para el gobierno de Cristina Cifuentes. Victoria admitió el mes pasado que medió para que la Administración regional pagase unos 21.000 euros al presunto conseguidor de la red, Alejandro de Pedro, si bien negó abonos en negro. Por los hechos está también imputada la exconsejera de Educación, Lucía Figar, quien dimitió también tras conocerse su presunta implicación en la trama.

Ambos habrían contratado, según el juez, varios servicios de reputación a Alejandro De Pedro para mejorar la imagen del presidente, Ignacio González, pagándolo con dinero de empresas privadas a las que adjudicaba contratos, entre ellas, Indra. En una entrevista concedida al diario El Español, Granados aseguraba hace unos días que la "Operación Púnica" no existe, y descartó conocer a la mayoría de imputados. Negó también que Marjaliza hubiese sido jamás su socio y cargó contra Aguirre y González, a los que acusa de haberlo utilizado como un kleenex.Negó también haber tenido testaferro y aseguró que todo su patrimonio estaba justificado con sus ingresos. "Me gustaría saber quién se ha inventado eso de que es mi socio o de que lo ha sido. ¿En qué empresa? ¿En qué negocio? Comprar una casa a alguien no le convierte en tu socio", dijo sobre Marjaliza.

Lo ingente de la investigación obligó al juez encargado, Eloy Velasco, a trocear hace un mes la causa en hasta doce procedimientos separados.Granados y Marjaliza son los únicos imputados que continúan en prisión desde que ingresasen hace un año. Un año después, los investigadores siguen el rastro de contratos de publicidad institucional, fiestas populares, ventas de parcelas... Varios ayuntamientos tratan aún de esclarecer su conexión con la red. Otros, aquellos cuyos regidores están imputados, han cerrado las comisiones de investigación. Valdemoro ha retirado las placas de sus exalcaldes, Francisco Granados y José Miguel Moreno, ambos imputados. Moreno salió de prisión tras pagar una fianza de 100.000 euros impuesta por el juez Velasco. Fue el autor de aquellas célebres declaraciones en las que afirmó haberse metido a diputado en la Asamblea de Madrid para "tocarse los huevos".

Un año después, la trama todavía sigue enredada. La red tejida, presuntamente, por Granados abarca una complejidad de negocios pagados con dinero público y todos bajo la sombra de los delitos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y malversación de fondos. El sumario abarca setenta tomos, más de 50.000 folios. Y entre ellos, muchos anécdotas. Como que en la vivienda de Marjaliza había un zulo donde se cree que el empresario pretendía ocultar su patrimonio de 33'5 millones de euros, obras de Chillida incluidas. También, que Granados llegó a contratar por valor de 10.000 euros una de sus fiestas de cumpleaños. El organizador era Huerta. Nunca le pagó, pero el empresario recibió 20 contratos en Valdemoro.

Los imputados

La 'operación Púnica' estalló en octubre de 2014 y, desde entonces, más de un centenar de personas se encuentran imputadas por participar en presuntos contratos fraudulentos en materia de urbanismo y obras públicas, eficiencia energética y reputación 'on line' suscritos en tres comunidades autónomas (Madrid, Valencia y Murcia), la Diputación de León y una decena de ayuntamientos madrileños.

Entre los ex altos cargos de la Comunidad de Madrid imputados en la causa, se encuentra, ademá de Granados, el exconsejero de Presidencia y Justicia Salvador Victoria, la exconsejera de Educación Lucía Figar, el exconsejero y exviceconsejero de Educación Manuel Pérez Gómez, o el ex consejero delegado de la Agencia Informática y de Comunicaciones (ICM) José Martínez Nicolás.

En relación con la Región de Murcia, se investiga al exconsejero de Industria y Turismo Juan Carlos Ruiz, la ex directora general de Turismo Mariola Martínez Robles, al ex jefe de Gabinete del consejero de Turismo e Industria José Fidel Saura, a la ex directora del Instituto de Fomento Reyes Samper, o al secretario técnico del Instituto de Turismo Jesús Norberto Galindo.

El expresidente de la Diputación de León Martín Marcos Martínez y el ex interventor general de este organismo Manuel Jesús Sánchez están encausados en el procedimiento, al igual que nueve antiguos alcaldes, doce exconcejales y trabajadores municipales de diversos municipios madrileños.