Un cabecilla de Sendero Luminoso continuará preso a pesar de cumplir condena

Lima, 14 abr.- Osmán Morote, uno de los principales cabecillas del grupo terrorista Sendero Luminoso, permanecerá en prisión a pesar de que en junio próximo cumplirá su condena, ya que aún tiene otro proceso en marcha, informó hoy el procurador antiterrorismo de Perú, Julio Galindo.

El procurador señaló, en declaraciones a la agencia oficial Andina, que el Poder Judicial dictó una orden de detención contra Morote por el caso de la masacre en la localidad de Soras, conocido como "La caravana de la muerte".

Junto al cabecilla subversivo también permanecerá en prisión Margot Lourdes Liendo Gil, para ser procesada por el mismo caso, ocurrido en la región sur andina de Ayacucho en 1984.

Según la denuncia fiscal, el 16 de julio de ese año 117 personas de la comunidad campesina de Soras y siete pequeños caseríos cercanos fueron asesinadas por militantes de Sendero Luminoso al mando de Víctor Quispe Palomino, el actual jefe de los remanentes senderistas en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), en el centro y sur del país.

Las autoridades consideran que la responsabilidad por los asesinatos de Soras alcanza al fundador de Sendero, Abimael Guzmán, y a la cúpula del grupo terrorista, de la cual formaban parte Morote y Liendo.

"Ese es un gran logro de la procuraduría porque aquí lo evaluamos y lo impulsamos como estrategia de lucha contra el terrorismo. El Comité Central de Sendero Luminoso tiene la condición de autor mediato, y el autor material es Víctor Quispe Palomino, el actual cabecilla del Vraem", acotó Galindo.

El procurador precisó que el Segundo Juzgado Penal Nacional, a cargo de la jueza Janet Mónica Lastra Ramírez, abrió instrucción contra ambos terroristas y otras personas consideradas responsables, y dispuso su detención, el 1 de marzo pasado.

Esta decisión se tomó después de que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Procuraduría Antiterrorista, confirmó que el caso se encontraba pendiente y formuló una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Terrorismo de Ayacucho.

"Aquí se va a aplicar el Código Penal de 1924, vale decir, el decreto legislativo 046. Según lo estipula esta norma, le corresponde pena de internamiento, y considera 25 años de pena privativa de libertad", concluyó Galindo.