Un Poder Judicial pactado, pero ¿independiente?

Paco Pardo.

Madrid, 27 nov.- El nuevo Poder Judicial ya está aquí, a falta de presidente (previsiblemente Carlos Lesmes), con magistrados y juristas pactados por los políticos, fundamentalmente el PP y el PSOE, pero con la misma pregunta que siempre gravita sobre el tejado del edificio de Marqués de la Ensenada: ¿independiente?.

Si la justicia impartida por los tribunales siembra a la par afectos y desafectos, que se corresponden matemáticamente con quienes se ven favorecidos o perjudicados en sus pretensiones, el órgano de gobierno que la representa en España no le queda a la zaga; de ahí que haya nacido ya con tantas críticas que merecerían una reflexión.

Dado que el acuerdo de nombramiento de los vocales del CGPJ es político, el PP, con mayoría en todas las instituciones del Estado a causa de su éxito electoral de 2011, también ha tenido la sartén por el mango en la renovación del Poder Judicial, lo que se traduce en el recurrente epíteto de que tendremos un nuevo CGPJ "más conservador".

De sus manos han salido diez vocales (Rafael Fernández Valverde, Wenceslao Francisco Olea Godoy, Juan Manuel Fernández Martínez, Juan Martínez Moya, Francisco Gerardo Martínez Tristán, Fernando Grande-Marlaska, Carmen Llombart Pérez, Vicente Guilarte Gutiérrez, Nuria Díaz y María Ángeles Carmona), mientras que el PSOE ha hecho lo propio con otros siete (Clara Martínez de Careaga García, María Victoria Cinto Lapuente, Roser Bach Fabregó, Rafael Mozo Muelas, María del Mar Cabrejas Guijarro, Álvaro Cuesta y Pilar Sepúlveda).

CiU (Mercé Pigem), PNV (Enrique Lucas) e IU (Concepción Sáenz Rodríguez), junto a UPN, avalaron el acuerdo político, que se ha traducido en un amplio consenso en las Cortes.

Con el pacto, el PP se ha garantizado el puesto de presidente del Consejo (el miembro número 21), que elegirán los nuevos vocales en su primera reunión, y también se hará con la mayoría en la nueva Comisión Permanente del CGPJ, el núcleo duro del reformado Poder Judicial, compuesto por cinco miembros. El resto no tendrá dedicación exclusiva.

Los políticos (salvo UPyD) han quedado en público satisfechos con el acuerdo para la renovación del CGPJ, cerrado por Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba, pero desde dentro del Poder Judicial han salido las más aceradas críticas.

El Ministerio Fiscal, que siempre había contado con un miembro en la cúpula judicial, se ha quejado de forma estentórea ("profundo malestar" y "estupor") por su exclusión del nuevo Consejo. Alguna otra profesión jurídica, como los procuradores, ha perdido el puesto al que aspiraban en favor de la Abogacía del Estado, sobre la que soplan vientos favorables desde La Moncloa.

Si con la reforma del Poder Judicial promovido por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, la idea era que los jueces tuvieran más peso en la elección de su propio órgano de gobierno, se ha dado la paradoja de que de los 55 magistrados que presentaron su candidatura, la más avalada no ha resultado elegida, y sí en cambio una de las que presentó menos apoyos.

Preocupante, sin duda, resulta la denuncia hecha por la asociación de jueces "Francisco de Vitoria", la segunda en importancia, que vincula el acuerdo político con el intento del PP y PSOE de controlar a los jueces que investigan la corrupción que les afecta.

En sus propias palabras, Justicia modificó el CGPJ de manera paralela "al afloramiento de un verdadero rosario de escándalos de corrupción en el que, de un modo u otro, se veían implicados diferentes responsables de los partidos políticos e incluso personas del entorno de la Familia Real".

Muchos son los jueces que se quejan, en resumen, del control político en el que ha caído de nuevo la renovación del Poder Judicial. Y con ese "control" la pregunta sobre su independencia tiene, a su juicio, una respuesta tristemente negativa.

Pero como todo lo que se refiere a la Justicia, su apreciación es subjetiva, de ahí que cada ciudadano tenga posiblemente su propia respuesta.