Un técnico municipal de Sant Boi declarará en el TS sobre la nave de Orozco

Madrid, 12 dic.- El instructor del "caso Campeón" en el Supremo, José Ramón Soriano, ha citado mañana como testigo al técnico municipal que elaboró un informe favorable a que la empresa Azcar, propiedad de José Antonio Orozco, amigo del exministro José Blanco, construyera una nave en Sant Boi de Llobregat (Barcelona).

Según han informado fuentes jurídicas, se trata de Josep Ruiz, técnico municipal que hizo la tramitación de los informes ambientales sobre los terrenos en que se edificó la nave, en las proximidades del aeropuerto del Prat, y ha sido citado a las 12.00 horas.

El juez investiga si Blanco intercedió ante el Ayuntamiento de Sant Boi para que concediera la licencia urbanística a la empresa Transportes Azcar y con ese objeto el pasado marzo tomó declaración al alcalde de esta localidad, el socialista Jaume Bosch.

Bosch aseguró entonces que como alcalde no tiene ningún papel en la concesión de licencias urbanísticas y que nunca ha intervenido en esos procedimientos administrativos porque esa es tarea de los técnicos, aunque constan conversaciones telefónicas entre Blanco y Orozco sobre la posibilidad de pedir su mediación para la obtención de esa licencia.

Esta es la primera citación que hace Soriano tras levantar el secreto de la pieza separada, que fue decretado a raíz de la presentación de un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la Policía (UDEF), fechado el 24 de septiembre.

En ese informe, al que ha tenido acceso Efe, la UDEF indicaba al magistrado su interés en investigar en mayor profundidad la compra por parte de Blanco de un chalé en Las Rozas (Madrid) ante los indicios de "pago por parte de José Antonio Orozco del coste de adquisición y reforma" de ese inmueble.

La Policía sospecha que el chalé fue pagado en parte en dinero negro porque lo escrituró en 670.000 euros cuando el precio de venta era de 900.000, según figuró durante un mes en un portal inmobiliario.

Por ello, la Policía pidió al juez que requiriera un informe a la agencia tributaria sobre esta operación para "poder determinar el mecanismo empleado para el pago del sobreprecio que puede ser por vía directa, entrega de dinero en metálico (en una cuenta vinculada al vendedor), o bien de forma indirecta empleando operaciones comerciales ficticias entre sociedades que permitan justificar la transferencia de fondos".

Según las fuentes jurídicas consultadas por Efe, la Agencia Tributaria no ha remitido aún al juez ese informe.

En su investigación, la Policía también ha apreciado "la intervención de un conjunto de personas físicas que han constituido una estructura societaria en España y Andorra" a través de la que "desarrollan una serie de proyectos de negocio cuya concesión y financiación está vinculada indiciariamente a la comisión de hechos presuntamente relacionados con la corrupción en el ámbito de las Administraciones Públicas".

Se trata de la sociedad Salut D'Innovació en la que figuran como socios, entre otros, Orozco y Jorge Dorribo, que fue quien acusó al exministro de recibir dinero a cambio de hacer gestiones en su favor, lo que derivó en la imputación de Blanco en el TS por los delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Según la UDEF, esa sociedad da "soporte a la realización de operaciones económicas para el desarrollo de las actividades previstas" y, a través de sus cuentas bancarias, en 2010 percibió 350.000 euros y en 2011 505.900.

Añade además el informe que "los movimientos de dinero han tenido como canal de circulación de los fondos tanto sistemas formales, empleando para ello el sistema financiero mediante transferencias entre cuentas bancarias, así como mecanismos informales a través de transportes de efectivo o de sistemas de compensación".

Para comprobar este extremo la Policía reclamó también que la agencia tributaria informara de las operaciones llevadas a cabo con terceros superiores a 3.000 euros por parte de la citada empresa, así como de Laboratorios Nupel, propiedad de Dorribo, Azcar y unas cuarenta sociedades más, entre 2006 y 2010.

La UDEF también quería concretar en esta investigación "la existencia de antecedentes por utilización de billetes de alta denominación (500 euros) derivados de ingresos o reintegros en entidades financieras en efectivo".

Además requirió los expedientes completos de las sociedades investigadas, así como de las personas físicas que aparecen en la estructura de esas empresas y que se identificara a los titulares de dos móviles que constan en conversaciones con Orozco.