Madrid, 26 nov.- Las autoridades españolas han desmantelado una red de contrabando que enviaba maquinaria destinada al programa nuclear iraní desde una empresa radicada en el País Vasco (norte), violando el embargo decretado contra la república islámica por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Según informó hoy la Agencia Tributaria española, la empresa exportadora, una sociedad domiciliada en la localidad vasca de Durango, realizaba el envío de maquinaría prohibido por la ONU utilizando una empresa tapadera de Estambul (Turquía).
Las autoridades competentes habían denegado a la empresa en septiembre de 2009 la licencia de exportación a Irán de siete maquinas para la fabricación de hélices de turbinas utilizadas en plantas de generación de energía, por considerarlas susceptibles de utilización en el programa nuclear iraní.
Según la Agencia Tributaria, para solventar la denegación de la autorización, diseñaron -en connivencia con una empresa iraní- una estrategia para eludir los controles aduaneros de exportación y enviar de contrabando la maquinaria a Irán.
Para ello, utilizaron una empresa intermediaria que la sociedad iraní compradora había creado en Turquía con fines meramente instrumentales.
La empresa española informaba a la aduana española de que el destino de la maquinaría era Estambul, en lugar de Irán.
"Sin embargo, la realidad era otra, dado que la mercancía, una vez llegaba a Estambul, era enviada inmediatamente a Teherán, su verdadero destino", según la Agencia Tributaria.
El pasado 13 de noviembre se llevó a cabo la segunda fase de la operación Kakum en la que, con autorización judicial, funcionarios de Vigilancia Aduanera y expertos informáticos registraron las instalaciones de la empresa.
La trama implicada ha vulnerado presuntamente las leyes españolas sobre control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, así como la normativa comunitaria en la materia.
Según la Agencia Tributaria, la empresa española ha incumplido asimismo la normativa contra la proliferación de armas de destrucción masiva, que exige de los Estados y de las empresas con capacidad para exportar productos o tecnologías impedir el suministro de sistemas de armas y de productos susceptibles de ser utilizados en programas nucleares y de misiles.
Los responsables de la trama se enfrentan a posibles penas de prisión por delito de contrabando y multas de hasta seis millones de euros.
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