Una sentencia anula un embargo de cuentas a un conductor por el impago de una multa notificada incorrectamente


Una reciente resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de Castilla y León ha estimado una reclamación promovida por Automovilistas Europeos Asociados (AEA) contra el embargo de cuentas practicado por Hacienda a un conductor, anulando el cobro ejecutivo de una multa de tráfico de 150 euros que no le fue notificada correctamente.
Según informa AEA, la Dirección General de Tráfico (DGT) utilizó indebidamente el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA), en vigor desde el 24 de noviembre de 2010, para notificar expedientes sancionadores iniciados con anterioridad.
En su resolución, el TEAR considera que "la notificación regulada en el artículo 77.3 de la Ley sobre Tráfico, en su redacción dada por la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, sólo procedía desde el 24 de noviembre de 2010 según la Disposición final séptima de dicha Ley".
La sentencia precisa que al tratarse de un expediente iniciado con anterioridad, no consta que, después de dos intentos para notificar la resolución de un recurso de alzada en el domicilio del interesado, "se procediera a su publicación en el BOE ni a su exposición en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de su último domicilio". "Este tribunal entiende que la sanción no ha sido válidamente notificada", concluye el fallo judicial.
Por ese motivo, el TEAR ha acordado estimar la reclamación y, en consecuencia, anular el cobro ejecutivo de la multa que Hacienda deberá devolver con los intereses legales correspondientes porque "la notificación de la resolución del recurso de alzada no se ha practicado en el diario oficial procedente".
Para el presidente de AEA, Mario Arnaldo, esta resolución "supone un importantísimo precedente jurídico y pone en evidencia -una vez más- el poco respeto que tienen las administraciones como la DGT, el Servei Catalá de Tránsit o el Ayuntamiento de Madrid por las garantías jurídicas de los automovilistas".
Por tanto, Arnaldo considera que "ya es hora no sólo de pedir la devolución de las multas indebidamente cobradas, sino de empezar a exigir responsabilidades personales de quienes adoptan decisiones manifiestamente ilegales".

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