Málaga.- Una testigo del "caso Arcos", que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en Alcaucín (Málaga), declaró que las peticiones de licencia de obra "pasaban primero al alcalde y luego a quien él decía", en referencia al imputado y ex regidor del PSOE Jose Manuel Martín Alba.
El sumario del caso, al que ha tenido acceso Efe, recoge que, existían instrucciones del secretario municipal para que las peticiones pasaran primero al técnico y después al propio secretario, algo que, según la testigo "le extraña mucho que no sepa el alcalde, porque de hecho se pasaban primero al alcalde y luego a quien él decía".
La testigo declara que "el secretario sólo venía dos veces en semana, por lo que la máxima autoridad era el alcalde", y éste "se encargaba de impulsar el procedimiento administrativo" de las peticiones de licencia de obra.
"El secretario nunca informaba, porque sólo iba por las tardes y se encontraba el expediente en su mesa resuelto", continúa la testigo, que explica que "al dorso de la petición de licencia, era donde se hacía constar si se otorgaba o no".
Asimismo, manifiesta creer que "hay licencias que se han dado sin haber obtenido informe técnico" y que "cada vez que entraba una licencia, era el alcalde quien decía si se otorgaba o no inmediatamente, si se pasaba a informe técnico o si se mandaba a la Diputación".
La testigo añade que cree que "no había muchas denegaciones de licencia; que no recuerda ninguna, aunque no descarta que las hubiera".
La trama "caso Arcos" contra la corrupción urbanística en Alcaucín, con una veintena de imputados, llevó a prisión al hasta entonces alcalde del PSOE José Manuel Martín Alba, y al que era jefe adjunto de Arquitectura de la Diputación malagueña, José Francisco Mora.
Martín fue acusado de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad documental y dimitió del cargo que ocupaba desde 1991 antes de ir a la cárcel el pasado 3 de marzo, que abandonó tres meses después tras hacer efectiva la fianza de 120.000 euros impuesta por la juez.
La operación destapó una trama que presuntamente construía y después legalizaba viviendas en suelo no urbanizable en la sierra malagueña de la Axarquía.
El 13 de noviembre de 2008 la juez de Instrucción número 3 de Vélez Málaga, Irene Urbón, decretó el levantamiento parcial del secreto de sumario.
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