Una veintena de proyectos de ley del Gobierno acaban en la papelera

Madrid, 24 sep.- Con la disolución de las Cortes se van a la papelera casi una veintena de proyectos de ley del Gobierno, lo que impedirá, por ejemplo, que entren en vigor normas muy publicitadas por el Ejecutivo, como las leyes de igualdad de trato y de muerte digna.

Cuando el martes se publique el decreto de disolución de las Cámaras, automáticamente morirán todas las iniciativas que se estaban tramitando en el Congreso.

Por eso, esta novena legislatura deja atrás no sólo los proyectos de ley remitidos por el Gobierno que ya no entrarán en vigor, también más de una treintena de proposiciones de ley presentadas por los grupos parlamentarios o procedentes del Senado.

Uno de los casos significativos es el de la negociación colectiva; el decreto está en vigor, pero iba a ser retocado en su tramitación como proyecto de ley, como querían sobre todo los nacionalistas para dar más relevancia a los convenios autonómicos.

El Gobierno, que salvó "in extremis" la convalidación de la norma gracias a ese compromiso con CiU y PNV, ahora no tiene que cumplirlo porque el proyecto de ley decae.

Tampoco se debatirán proyectos aprobados por el Consejo de Ministros antes del verano que también dieron que hablar, como el de la ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, el de la ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida y el nuevo régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas.

La crisis ha marcado el calendario legislativo y eso ha hecho que se fueran aplazando, semana a semana, las tramitaciones de numerosos proyectos, muchos de ellos, curiosamente, de índole económica.

Es el caso del proyecto de ley de pesca sostenible, el de ordenación de los transportes terrestres o el de financiación en los mercados de los concesionarios de obras públicas.

Y no ha dado tiempo a otras normas económicas que se remitieron a las Cortes recientemente, como la reforma para mejorar la inspección de trabajo y adaptarla a las competencias autonómicas, o el proyecto de ley de contratos de distribución.

Este último iba a resolver los conflictos entre fabricantes y distribuidores que se producían, sobre todo, en el sector del automóvil, donde los concesionarios se habían planteado incluso convocar paros si la norma no les satisfacía. Tendrán que esperar a que un nuevo Gobierno la vuelva a promover.

De todos, el proyecto que más tiempo ha permanecido aparcado es el de Navegación Marítima, registrado en febrero de 2009, y que también decayó la pasada legislatura, ya que se remitió por primera vez a las Cortes en noviembre de 2006.

Y hay una ley a la que le ha faltado muy poco para entrar en vigor, la de servicios de atención al cliente, para garantizar su gratuidad, y que ya estaba a punto ser votada.

En el tintero se quedan además proyectos comprometidos públicamente por el Ejecutivo, y que ni siquiera han llegado a registrarse en las Cortes.

El mejor ejemplo es el de la ley de Transparencia, que iba a garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a información de las instituciones; el Consejo de Ministros la analizó en julio, pero no llegó a remitirla al Congreso

Leyes como la de la libertad religiosa ni siquiera llegaron a la mesa del Consejo de Ministros.

Tampoco verá la luz una proposición de reforma del reglamento del Congreso sobre las autorizaciones previas a la participación del Ejército en misiones en el exterior presentada en 2009, y hay seis convenios internacionales que no han podido ser refrendados por la Cámara.

La novena legislatura dejará atrás todas estas iniciativas, aunque hay cinco textos que tienen la suerte de salvarse, porque así lo permite el reglamento.

Se trata de la última Iniciativa Legislativa Popular (ILP) cuya toma en consideración ha sido aprobada por el pleno, que pide una ley de Televisión sin Fronteras, y cuatro proposiciones de ley remitidas por Comunidades Autónomas.