Unos 30 detenidos en Cantabria y País Vasco por 1.000 falsificaciones y robos

Santander, 5 jul.- La Guardia Civil ha detenido a 34 personas en Cantabria y País Vasco y ha imputado a diez más por su presunta implicación en una red organizada a la que se achacan cerca de un millar de delitos entre falsificaciones de documentos, robos y estafas.

Según ha informado hoy en nota de prensa el Instituto Armado, después de más de un año de investigaciones se ha conseguido desarticular este grupo, formado principalmente por ciudadanos del Este, que contaba con diferentes ramas especializadas en distintos tipos de delitos y actuaba sobre todo en la mitad norte de España.

Se les imputan delitos de falsificación de documentos de todo tipo, desde facturas a certificados de empadronamiento, nóminas o documentación de diversos países, junto con robos en comercios y empresas, hurtos, estafas a bancos y compañías de teléfono, y también clonación de tarjetas bancarias.

Las investigaciones que han conducido a la desarticulación de este grupo, bautizadas como operación "Palillo", las ha dirigido el Juzgado de Villarcayo (Burgos), y comenzaron a raíz de dos robos con fuerza en empresas del sector metalúrgico de esa provincia.

Después de más de un año de investigaciones, se constató la existencia de un grupo delictivo "perfectamente organizado".

Su actividad incluía hurtos en perfumerías de productos de alta gama, robos de material metálico en empresas, estafas a operadoras de telefonía móvil, falsificación de documentaciones personales, clonación de tarjetas de crédito, robo de vehículos, estafas a entidades de crédito, defraudación a la Hacienda Pública, robos en viviendas y también en escuelas.

Dentro de las actividades de falsificación, el grupo elaboraba todo tipo de documentos de identidad de diversas nacionalidades, permisos de conducir, certificados de empadronamiento, documentos para amparar vehículos robados, facturas falsas para defraudar a la Hacienda Foral de Vizcaya en las reclamaciones de IVA y tarjetas de discapacitados, entre otros.

También confeccionaban nóminas falsas para aparentar solvencia en el alquiler de un piso y llegaban a crear una nueva identidad para una persona con antecedentes policiales para conseguir "identidades limpias" con las que continuar su actividad criminal.

En varios casos, con estas documentaciones falsas, alquilaban vehículos y maquinaria pesada, sin entregarlos al finalizar el contrato y elaborando entonces documentación nueva falsificada para los vehículos, que después se enviaban a países del Este de Europa, donde se han recuperado seis de ellos.

En total, se les achacan más de 800 casos de actividades con documentaciones falsas que realizaban "por encargo".

Otra de las líneas de actuación del grupo consistía en la adquisición de tarjetas de telefonía de una compañía distinta a la que se pretende estafar, solicitando a continuación la portabilidad (cambio de operadora) o el alta de línea de Internet a nombre de las identidades falsas confeccionadas, obteniendo a cambio teléfonos de alta gama y ordenadores portátiles.

También pedían préstamos que nunca devolvían a entidades de crédito, utilizando para ello identidades falsas.

Durante la investigación se ha colaborado en el intercambio de información con el Cuerpo Nacional de Policía, Ertzaintza y Policías locales de Bilbao y Amurrio (Álava), la Hacienda Foral de Vizcaya y Europol e Interpol para gestiones policiales con Austria, Hungría, Rumanía y Corea del Sur.

De los 34 detenidos, cinco son españoles, dos bolivianos y los 27 restantes rumanos. También hay otros diez imputados.

Se les considera responsables de 800 delitos de falsedad documental, 35 robos, 85 estafas, 31 delitos de receptación y una docena de hurtos, entre otros delitos.