Upyd propone regular la prostitución y la “muerte digna”

Unión, Progreso y Democracia (UPyD) considera que en España debería regularse la “muerte digna” y la posibilidad de llevar a cabo la prostitución “con plena seguridad jurídica”.
Así se contiene en la ponencia política que UPyD va a votar esta tarde en Madrid en el marco de su segundo congreso, que se inauguró este viernes y que se prolongará hasta este domingo.
En este documento, que será aprobado este sábado por los delegados del partido de Rosa Díez, se han incluido varias enmiendas, aceptadas o negociadas por la dirección, sobre cuestiones como la “muerte digna” o la prostitución.
En este sentido, en una enmienda negociada y pactada entre la dirección y uno de los delegados, se acuerda que UPyD defienda avanzar “en la regulación legal del derecho a la ‘muerte digna’, es decir, a disponer el final de la propia vida sin sufrimiento adicional, o eutanasia”.
Esto debería permitirse “en situaciones donde la persona interesada, plenamente consciente e informada, no puede decidir y actuar por sí misma a consecuencia de cualquier impedimento, necesitando del auxilio de profesionales de la salud para dar fin a un sufrimiento insoportable”.
“La regulación de este derecho”, sostiene UPyD, deberá tener en cuenta la máxima protección jurídica del solicitante y del profesional dispuesto a auxiliarle, sobre la base de que la solicitud debe ser expresa y reiterada, con plena información y conciencia del afectado y del profesional sanitario”.
Por lo que se refiere a la prostitución, el partido de Rosa Díez sostiene que “sin menoscabo de las política aplicadas contra la delincuencia sexual, debe estudiarse la posibilidad de establecer un marco regulatorio para el ejercicio de la prostitución”.
Se trataría de que “aquellos hombres y mujeres que libremente y sin coacción quieran ejercerla, puedan hacerlo con plena seguridad jurídica, con las garantías sanitarias y de higiene necesarias y con los mismos derechos y obligaciones que cualquier trabajador”. Este marco regulador debería también fijar “las medidas necesarias para evitar que esta actividad provoque conflictos en barrios y ciudades”.