Venezuela pone en vigor la prohibición para comercializar las armas de fuego

Caracas, 1 jun.- Venezuela tiene desde hoy en vigor una norma que prohíbe la venta de armamento y municiones a particulares, en un intento por atajar la violencia que desangra al país caribeño, que con una medida de 48 homicidios por cada 100.000 habitantes, se sitúa entre los más violentos de Latinoamérica.

En las armerías de Caracas hoy no hay muchas ganas de hablar. La prohibición de vender armas se aplica tres meses después de que la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme, aprobara la norma el pasado 29 de febrero.

La medida dispuso, además, una moratoria a la importación de armamento de un año y daba de plazo hasta hoy a los comercios para deshacerse de las existencias de armas para el público.

En un recorrido realizado en Caracas, Efe pudo constatar que varias de ellas incluso ya no comercializan armas desde hace varios meses.

Una encargada de una de estas tiendas se quejó de la decisión oficial y dudó de que en realidad ayude a frenar la delincuencia que afecta diariamente a los venezolanos.

"Los choros (como se conoce popularmente a los delincuentes) no van a venir aquí", aseguró a Efe la empleada, quien señaló que un arma puede costar entre 12.000 (2.790 dólares) y 18.000 (4.186 dólares).

Indicó que en el mercado negro este precio puede ser menor, e incluso relató que en ocasiones los delincuentes despojan de su armamento a los mismos policías.

Efectiva o no, la medida entra en vigor en coincidencia con la precampaña con vistas a las elecciones presidenciales de octubre y después de que tanto el presidente venezolano, Hugo Chávez, como el candidato de la oposición, Henrique Capriles, anunciaran medidas de choque para frenar el problema de la violencia.

Deja en manos de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares CA (Cavim), dependiente del Ministerio de Defensa, la supervisión y control del armamento, en un país donde, según cifras extraoficiales, se calcula que puede haber cerca de 10 millones de armas ilegales.

Quedan exceptuados de esta medida los cuerpos policiales, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así como las compañías de seguridad debidamente registradas ante el Ministerio de Relaciones Interiores, los deportistas que practican el tiro deportivo y la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes).

"Ya nadie va a poder tener armas nuevas ni tener portes nuevos. La venta de armas solo se hará a los cuerpos de policía y a nuestra Fuerza Armada. La tendencia es hacia desarmar a la población civil", explicó la semana pasada el ministro del Interior, Tareck El Aissami.

Venezuela tiene uno de los índices de asesinatos más altos de la región, con 48 homicidios por cada 100.000 habitantes. Según cifras de parlamentarios, un 98 % de los asesinatos se producen por arma de fuego y en el 63 % de los homicidios la víctima recibió más de 5 disparos.

A juicio del coordinador de la campaña "Basta de Balas" de Amnistía Internacional Venezuela, César Marín, "medidas de este estilo lo que quieren es frenar la incidencia de la letalidad y lesiones que generan las armas de fuego", pero advirtió que no suponen contrarrestar la delincuencia.

"Siendo la criminalidad en Venezuela bastante violenta, por lo menos le van a quitar el componente de violento-armado", explicó a Efe el experto, quien estimó que mientras menos armas circulen y menos balas haya "evidentemente menos efectos generan".

Marín admitió que las cifras sobre la cantidad de armas en el país han sido motivo de "discusión y controversia" y que se espera por un anuncio oficial al respecto.

La prohibición entra en vigor, además, después de que esta semana y tras años de debates, se aprobara en comisión parlamentaria la llamada Ley de Desarme, Control de Armas y Municiones, que deberá ser discutida ahora en el Parlamento, dijo hoy a Efe el diputado opositor Juan Carlos Caldera.

La ley, entre otras cosas, prevé aumentar a 25 años la edad para permitir en el futuro el porte de una única arma a particulares, y fija máximos de municiones que pueden comprarse anualmente, y prohíbe que las porten los vigilantes privados.

Preguntado por las cifras de armas en la calle, Caldera indicó que "hay cifras para todos los gustos, pero lo cierto que es que en el 98% de los homicidios se usó un arma de fuego y eso habla por si solo de la importancia de la ley".