Violencia género. El congreso pide al gobierno trabajar en un acuerdo social y político

El Pleno del Congreso de los Diputados pidió por unanimidad este miércoles al Gobierno que trabaje en un acuerdo social y político contra la violencia de género, que compruebe el cumplimiento de la ley de 2004, desarrolle la colaboración pública con las redes de atención y prevención y garantice la atención a las víctimas en el ámbito local.
Dicha propuesta surgió como respuesta a una moción consecuencia de interpretación urgente sobre las causas del incremento de víctimas de violencia de género en 2014 presentada por La Izquierda Plural, que inicialmente contemplaba otras dos cuestiones: poner a disposición los recursos necesarios para luchar contra la violencia machista y promover los cambios legales para proteger a colectivos vulnerables como son las mujeres que ejercen la prostitución, víctimas de la trata o personas migrantes.
Los diputados rechazaron estos dos puntos de la moción inicial con 169 votos negativos frente a los 145 síes; y 167 votos en contra, 146 a favor y dos abstenciones, respectivamente. Los otros tres puntos se votaron por unanimidad.
El Grupo Parlamentario Popular y CiU presentaron sendas enmiendas que modificaban el texto original de la moción. Mientras los ‘populares’ eliminaron los dos puntos citados, el grupo catalán apelaba a potenciar la participación de las comunidades autónomas y entes locales en materia de la lucha contra los malos tratos.
Durante su defensa de la moción, la diputada de Iniciativa per Catalunya Verds, Laia Ortiz, que habló en nombre de La Izquierda Plural, reconoció que la Ley contra la Violencia de Género aprobada hace una década “es útil y fue pionera”, aunque “hace falta cumplirla y revisarla”. Por ello, Ortiz llamó al Hemiciclo a que el debate no cayese “en saco roto” ni tampoco a “vender humo”, para que no se olvidase el “derecho fundamental” de las mujeres a no sufrir violencia de género, como explicó su grupo en la exposición de motivos.
La Izquierda Plural recordó, asimismo, que en diez años han muerto por violencia de género 733 mujeres, que en 2013 hubo 54 víctimas y 21 fallecidas en los tres primeros meses de 2014. “Desgraciadamente, los asesinatos son tan solo la punta del iceberg”, concluyeron.
Durante su turno de palabra, la diputada del Grupo Popular Carmen Rodríguez Maniega tendió la mano a los otros grupos políticos porque, según dijo, “se puede llegar al consenso cuando hay voluntad política” en torno a esta lacra social. “Este asunto afecta a la vida y a la seguridad de muchas mujeres y de sus hijos y esto exige un tratamiento de Estado”, apuntó.
Por su parte, la parlamentaria de CiU Lourdes Ciuró, mostró su preocupación por diversas cuestiones que fomentan la desigualdad de la mujer en la sociedad y propician el maltrato, como “la representación audiovisual de la mujer”. Por ello, puso los ejemplos de las series infantiles de ‘Shin Chan’, ‘Monster High’ y ‘Phineas y Ferb’, que trasladan el mensaje “de que la mujer es un personaje secundario”.
Asimismo, pidió valorar la ley y profundizar en políticas de igualdad con medidas reales en la vida de las mujeres, como permitirlas “nadar” en el mundo laboral después de haber sido madres, en vez de darles “un flotador” que les impediría el movimiento.
NO AL PACTO DE ESTADO
Previamente, el Congreso había rechazado impulsar (con 170 votos en contra y 144 a favor) un pacto de Estado contra la violencia de género como propuso el Grupo Socialista a través de una Proposición No de Ley (PNL). Dicho pacto contemplaría la participación de la Administración General del Estado, las administraciones autonómicas y locales, la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial, los partidos políticos, los interlocutores sociales y las organizaciones de mujeres y otras organizaciones sociales especializadas, para promover “la aplicación efectiva” de la Ley contra la Violencia de Género.
Los socialistas reclamaban “dotar suficientemente las partidas presupuestarias” y adoptar “en la legislación punitiva las medidas normativas que permitan enviar un mensaje claro a los agresores sobre su persecución y sanción”.
Esta PNL fue defendida por la diputada socialista Carmen Montón, que concretó que el hipotético pacto de Estado debería contar “con un reflejo en el Congreso con una comisión no permanente que en este momento de emergencia refuerce la labor parlamentaria”, al estilo de otras ya existentes como la del Pacto de Toledo y la de seguridad vial. “¿Le molesta que pueda ser llamado el Gobierno a rendir cuentas?”, cuestionó a las bancadas ‘populares’.