Vitoria, 22 feb.- El Ayuntamiento de Vitoria ha acordado hoy pedir la "derogación inmediata" de la doctrina Parot y la puesta en libertad de todos los presos de ETA a quienes se les aplica, debido a la ausencia en el pleno de algunos ediles del PP y del PSE.
Esta moción, presentada por Bildu, ha contado con el apoyo de los seis ediles de la coalición abertzale y de los seis del PNV.
El PP, que gobierna el consistorio con nueve ediles, ha votado en contra, pero en ese momento sólo se encontraban en el pleno cinco concejales populares y otros cinco del PSE, con lo que el texto ha sido aprobado.
La doctrina Parot establece que las redenciones de condenas por beneficios penitenciarios se apliquen no sobre el máximo legal de 30 años de prisión, sino sobre cada una de las penas, lo que supone un alargamiento de su estancia en la cárcel.
La moción aprobada reclama asimismo la derogación de todas las "leyes de excepción" que se aplican a los presos de ETA.
Este acuerdo será remitido al Comisionado para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks.
Fuentes del PP han explicado a EFE que cuatro de sus representantes, incluido el alcalde, Javier Maroto, no se encontraban en el pleno debido a que están tratando de solucionar la huelga de conserjes y oficiales de control en los centros cívicos de la ciudad y están preparando también el operativo ante la previsión de grandes nevadas para este fin de semana.
Debido a esta ausencia, a la que se ha sumado la de uno de los concejales socialistas, se ha aprobado esta moción y otro texto del PNV en el que se exige "acabar con la política de dispersión alejamiento, incomunicación y vulneración de los derechos de los presos enfermos".
En este caso, la iniciativa del PNV ha salido adelante con los seis votos de este partido y los seis de EH Bildu, mientras que cinco de los seis concejales del PSE que estaban en la sala se han abstenido y los cinco del PP presentes han votado en contra.
El texto aprobado pide también que se respeten los derechos humanos en la política penitenciaria, que se apliquen los beneficios o excarcelaciones "sin discriminación ni arbitrariedad" y que se acabe con las "actuaciones excepcionales" en esta materia.
Este acuerdo será remitido al Ministerio del Interior, a la Delegación del Gobierno en el País Vasco y al juez de vigilancia penitenciaria.
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