Las oficinas de vivienda de Barcelona asesorarán sobre la reclamación de las cláusulas suelo

Las Oficinas de Vivienda de Barcelona, situadas en cada uno de los diez distritos, contarán con un servicio de asesoramiento gratuito y específico para los usuarios que deban reclamar importes pagados por las cláusulas suelo y ofrecerán acompañamiento a las personas en riesgo de exclusión residencial aplicando la Ley 4/2016 de medidas de protección al derecho a la vivienda.

El concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner, ha recordado en declaraciones a los medios que el Tribunal de Justicia de la UE ha establecido la retroactividad de la devolución de estas cláusulas, que considera abusivas, asunto sobre el que el Ayuntamiento ha impulsado una jornada formativa para técnicos de las oficinas, que suman alrededor de 40 personas.

Acompañado por el abogado Martí Batllori y el juez José María Fernández Seijó, que han impartido la formación, Montaner ha señalado que prevén que este servicio de asesoramiento esté en marcha "prácticamente de forma inmediata".

Ha destacado que, con esta medida, el Ayuntamiento pretende ser "proactivo en la defensa de los derechos de la ciudadanía", también en el asesoramiento para reclamar la devolución de lo pagado indebidamente por las cláusulas suelo, una cuestión que ha tachado de compleja.

Preguntado por los medios, el concejal ha detallado que el Ayuntamiento prestará este asesoramiento y ofrecerá todas las herramientas pero que los afectados serán quienes deberán "hacer la parte activa", tras lo que ha asegurado que el Ayuntamiento no dispone de una estimación de la cantidad de afectados en la ciudad.

SIN RECURRIR A LOS TRIBUNALES

Fernández Seijó ha recordado que el Gobierno central ha impulsado una solución alternativa a los tribunales con un Real Decreto que prevé un mecanismo para que las entidades bancarias retornen el dinero cobrado en tres meses y sin costes para los afectados.

Este proceso deberá realizarse a través de un formulario que estará disponible próximamente y que ofrecerán las oficinas, según el juez, quien ha señalado que este servicio municipal no sólo pretende proteger a los consumidores ante los bancos, sino también ante el "tsunami" de empresas que han surgido tras la resolución del TJUE y que podría suponer algún coste para el afectado.

Montaner ha criticado la "pasividad" del Gobierno central ante este asunto y la crisis inmobiliaria, ante la que siempre ha ofrecido una respuesta deficiente que ha defendido los intereses de los bancos y no los de la ciudadanía, según él.