Yihadismo. El congreso de los diputados inicia la tramitación del pacto contra el terrorismo yihadista

El pleno del Congreso de los Diputados aprobó este martes la toma en consideración de la proposición de ley en la que el Gobierno y el PSOE plasmaron su acuerdo contra el terrorismo yihadista, con lo que comienza la tramitación parlamentaria del texto.
La iniciativa fue tomada en consideración por el Congreso con el voto favorable de 291 diputados, en contra de 32 y 13 abstenciones. A favor votaron PP, PSOE y los partidos que la habían firmado: Coalición Canaria, UPN y Foro Asturias. También los diputados de Unió respaldaron la tramitación del texto, mientras que los de Convergencia se abstuvieron.
Los del Grupo de IU,ICV-EUiA, Cha: La Izquierda Plural votaron en contra, igual que el PNV, y UPyD se abstuvo. La próxima semana se votará el contenido del texto, que se tramita en lectura única, es decir, sin paso por ponencia y Comisión, para pasar al Senado.
En el debate, PP y PSOE apelaron a la unidad de los demócratas contra el fanatismo. José Miguel Castillo, del PP, alertó de que se trata del combate “de la razón frente a la sinrazón, de la vida frente a la muerte, la justicia y la libertad frente a la imposición del terror”, y apeló a la unidad parlamentaria para reflejar “la firmeza democrática” de la sociedad, eliminando “de manera generosa la confrontación partidista”.
Defendió expresamente la prisión permanente revisable, aceptada de forma “mayoritaria” por los ciudadanos, incluida en los códigos penales de la “mayoría” de países de la Unión Europea y en el Convenio de la Corte Penal Internacional, y que tanto el Consejo General del Poder Judicial, como el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado, dijo, han considerado “plenamente constitucional”.
Sin embargo, aseguró que respeta la oposición expresada por el PSOE y su intención de recurrirla ante el Tribunal Constitucional, y pidió que no fuera esa figura la que centrara el debate ya que en la proposición “no se habla de ella” y simplemente remite al Código Penal.
Castillo subrayó que la proposición es respaldada por el 78% del Congreso de los Diputados, que representa “a la inmensa mayoría de la sociedad”, y dejó claro que en opinión del PP “frente al fanatismo solo cabe la unidad”.
El socialista José Enrique Serrano subrayó que el acuerdo fue una sugerencia del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, aceptada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y explicó que el trabajo en común previo a la firma permitió resolver las reticencias iniciales.
Por ejemplo, destacó que la “larga lista de delitos” que inicialmente se consideraban terrorismo quedó acotada con una fórmula “estricta” que exige la concurrencia simultánea de varios requisitos. También se han suprimido expresiones “abiertas e indeterminadas” que generaban inseguridad jurídica y falta de garantías, y se ha precisado lo referente al acceso a páginas web y los viajes a determinadas zonas del mundo.
Además, “ya no está” la referencia expresa a la prisión permanente revisable, que el PSOE “no asume, no avala, no comparte” y por ello el propio acuerdo recoge la “reserva” y el partido ha dejado claro que la recurrirá ante el Tribunal Constitucional el mismo día en el que se publique en el BOE.
El PSOE, sentenció, “sigue creyendo en la unidad de los demócratas frente al terrorismo” y por ello pretende proporcionar a los ciudadanos “la fortaleza” que implica esa unidad.
Ana Oramas, de Coalición Canaria, subrayó que su partido ha firmado todos los pactos contra el terrorismo, y por eso ha rubricado también esta proposición. Enrique Álvarez Sostres, de Foro Asturias, alertó de que la defensa de los valores que nos definen como civilización “nos exceden en nuestras propias miserias”. Por su parte, Carlos Salvador, de UPN, señaló el terrorismo como “el peor enemigo de la democracia y las libertades” y cargo con quienes aún no han condenado el terrorismo de ETA.
"BLINDAJE BIPARTIDISTA"
El único grupo que ejerció turno en contra de la toma en consideración de la proposición fue el de La Izquierda Plural, cuyo portavoz, Gaspar Llamazares, sentenció que no es un acuerdo contra el terrorismo sino “un blindaje bipartidista, un blindaje del miedo” que no hace a España más eficaz contra la violencia sino que impone un “código de venganza, un código cruel” que recupera en la práctica la cadena perpetua y que extiende la calificación de terrorismo “a la mera disidencia”.
Aseguró que su grupo ha condenado siempre y seguirá condenando cualquier acto terrorista y no “se pone de lado”, pero cree que es la democracia “sin atajos” la que puede derrotar al terrorismo, “y esta iniciativa es un atajo”.
Citó a Albert Camus para subrayar que el miedo “lo nubla todo, yo diría que incluso la inteligencia”, y atribuyó la reforma al miedo de los dos grandes partidos ante las perspectivas electorales, algo legítimo, dijo, pero que tiene muy poco que ver con la lucha contra el terrorismo.
Llamazares subrayó que el Código Penal español ya es “de los más duros” de la Unión Europea, incluye toda la casuística que esta proposición pretende incorporar, y está siendo utilizado “eficazmente” por policías y jueces. Como ejemplos, puso la detención y el procesamiento de terroristas solitarios, de quienes habían viajado para adiestrarse, y de quienes se habían formado para atentar. Esas, aseguró, no son las razones de la reforma.
Se mostró partidario de reformas en la línea de la prevención, de la cooperación y de la integración, y reiteró que la prisión permanente revisable vulnera el principio constitucional de reinserción porque en la práctica es una cadena perpetua “irreversible”.
Reorochó especialmente al PSOE que se haya prestado al “populismo punitivo” a pesar de que los datos de violencia y criminalidad en España son cada vez más bajos y muy inferiores a la media comunitaria.
La generalización del concepto de terrorismo, argumentó, implica considerar terrorismo “todo conflicto violento, toda disidencia”, y se podría incluir lo ocurrido en el barrio burgalés de Gamonal cuando los vecinos protestaron por unas obras, los escraches contra los desahucios, o las acciones de Greenpeace contra centrales nucleares. No se pretende dar más seguridad a los ciudadanos, dijo, sino “dar seguridad al Estado frente a los ciudadanos”.
"ABUSOS"
Jordi Jané recordó que su grupo, CiU, siempre ha estado en la lucha contra el terrorismo, pero mantiene una “discrepancia profunda” con la forma en la que se gestó este acuerdo, cerrado y “solemnizado” entre dos. Cree, además, que el contenido “carece de claridad y rigor” exigible especialmente a una norma penal, por lo que expresó su confianza en mejorar el texto en el trámite de enmiendas, que tendrán que ser “apresuradas” dado el procedimiento impuesto.
Jané recordó que en la cumbre internacional contra el terrorismo que se celebró en Madrid en 2005 ya se alertó sobre los “abusos” que los Estados podrían llegar a imprimir con el objetivo de “disuadir” pero eliminando en la práctica derechos y libertades, y se reclamó respetar siempre “los principios de necesidad y proporcionalidad”.
En nombre de UPyD, Rosa Díez, denunció que la expresión “pacto de Estado” implica en este caso una corrupción del lenguaje, precedente de la corrupción de la política.
Equiparó al PP y al PSOE con dos boxeadores noqueados que se sujetan uno a otro para no caerse sobre la lona, y sentenció que el contenido del texto, en cuanto a lucha contra el terrorismo, es “puro humo”.
Aunque su grupo siempre suele votar a favor de la toma en consideración de las iniciativas para que se puedan al menos debatir, después de escuchar al PP y al PSOE decidió que solo “les tomaremos en consideración cuando ustedes nos tomen en consideración a nosotros”, por lo que su voto sería de abstención.
En nombre del PNV, Emilio Olabarria acusó al PSOE de estar “avalando” en la práctica la prisión permanente revisable por mucho que la rechace, y alertó además del riesgo que comporta comprometerse a derogarla cuando gobiernen dado lo “desordenado” del tablero político actual.
La única explicación que, en su opinión, tiene ese acuerdo, es “el intento perverso de afianzar determinados liderazgos recientes”, en el caso del PSOE, y la pretensión de “ocultar una deficiente gestión política” en el caso del PP, y en el de ambos “ontener réditos electorales”.
Desde el Grupo Mixto, tanto Uxue Barkos (Geroa Bai), como Joan Baldoví (Compromís-Equo) y Olaia Fernández (BNG) rechazaron la proposición tanto en el contenido como en la forma. También Xabier Mikel Errekondo (Amaiur), que lo considera un “Estado de excepción encubierto”.
Joan Tardà (ERC) dejó claro el “asco” que le provoca el yihadismo pero también el comportamiento de los Estados “que lo alimentaron para satisfacer la venta de armas y sus intereses geopolíticos”. Considera el pacto un “monumento al cinismo”, denunció la “irresponsabilidad” que implica dejar a los Mossos fuera de la integración internacional de cuerpos policiales, y cargó contra el PSOE por pactar hace un año y medio con los demás grupos de la oposición la futura derogación de la LOMCE y pedir ahora al Gobierno un pacto de Estado en educación.
“No nos vuelvan a llamar nunca más, son unos trileros”, dijo, dirigiéndose a los bancos del PSOE. Socialistas y populares, dijo, son en realidad como Cánovas y Sagasta, “los dos caciques y conservadores”, concluyó.