Madrid, 28 mar.- El Defensor del Pueblo denuncia en su informe anual la percepción de una inmensa mayoría de ciudadanos que se muestran "resignados" a abonar las multas de tráfico porque no les compensa plantear un recurso, aunque estén convencidos de que la Administración haya abusado de su superioridad.
Así lo constata la institución en su informe anual correspondiente a 2011 hecho público hoy en el que asegura que resulta "preocupante" la percepción de una mayoría de ciudadanos que se dirigen a la Oficina del Defensor del Pueblo para manifestar que en el procedimiento administrativo de las sanciones de tráfico "se conculcan sistemáticamente sus derechos".
Según el informe, los ciudadanos ponen en cuestión la proporcionalidad entre la infracción cometida y la sanción, y lamentan que, dada la cuantía de las multas, no les compensa plantear un recurso por la vía de lo contencioso-administrativo.
El Defensor del Pueblo refleja en su estudio que los ciudadanos se resignan a abonar la multa "a pesar de su pleno convencimiento de que la Administración ha abusado de su superioridad".
Por otro lado, la institución recuerda que la administración está obligada a facilitar al ciudadano el expediente sancionador, a admitir las pruebas propuestas por los presuntos infractores, así como a contestar a sus alegaciones.
En este sentido, señala que la vulneración del derecho de presunción de inocencia o el irretroactividad son con frecuencia el objeto de las quejas presentadas ante la Oficina de Defensor del Pueblo.
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