Especial Ley Sinde: Qué le sobre, qué le falta
El dictamen del Consejo de Estado sobre el proyecto de Ley de Economía Sostenible considera "pertinentes" las observaciones del Consejo General del PoderJudicial (CGPJ) referentes a este asunto que, según este órgano consultivo, "han sido rechazadas por el Ministerio de Economía y Hacienda,aunque sin explicación de los motivos en que se basa su rechazo o conargumentos excesivamente escuetos".
En las citadas observaciones del CGPJ se calificaba de "oportuno" quelos órganos elegidos para autorizar la ejecución material de lasresoluciones adoptadas por la futura Sección Segunda Comisión dePropiedad Intelectual (CPI), órgano colegiado de ámbito nacionalexistente en el seno del Ministerio de Cultura, fueran los Juzgados delo Contencioso-administrativo, "puesto que su jurisdicción se extiendea todo el territorio nacional".
El Consejo de Estado alude en su informe al artículo 158 de la Leyde Propiedad Intelectual (LPI) según el cual las medidas deinterrupción de la prestación de un servicio de la sociedad de lainformación o de retirada de los contenidos vulneradores de lapropiedad intelectual pueden ser adoptadas contra "un prestador conánimo de lucro, directo o indirecto", o contra "quien pretenda causarun daño patrimonial".
Así, de acuerdo con el CGPJ,este órgano consultivo señala que esta última expresión "obliga a la averiguación de lasintenciones del sujeto en cuestión, con la dificultad que elloconlleva" y ve necesario "cambiar dicha expresión, con el fin de acotarde forma más clara los supuestos, que han de ser una gravedadmanifiesta, en los que podrán acordarse las medidas que regula esteprecepto".Además, en el documento el órgano consultivo aboga por fomentar "las descargas lícitas de contenidos protegidos", "la transparencia de las entidades de gestión de los derechos de autor" y "la exigencia de compensaciones equitativas por copias privadas no basadas en la presunción de que un soporte grabable se adquiere para copiar material registrado".
Estas medidas, según el Consejo de Estado, "contribuirían a crear un marco más favorable a la tarea de preservación de la propiedad intelectual". Asimismo, el Consejo de Estado se muestra consciente de "las dificultades derivadas de la relación entre Internet y los derechos de autor, que aconsejan un tratamiento lo más global posible", mantiene.
También está de acuerdo el Consejo de Estado en el requerimiento de una "previa autorización judicial" a la hora de retirar contenidos que atenten contra la propiedad intelectual o cuando sea preciso interrumpir un servicio de la sociedad de la información.
En cuanto a la cuestión de que, además del representante legal de la Administración y el Ministerio Fiscal, deban ser convocados los titulares de los derechos y libertades afectados o la persona que éstos designen como representante, el Consejo estima "preferible" que el precepto se refiriese "a los interesados en el procedimiento administrativo previo seguido ante la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual".
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