Madrid, 30 dic.- El Gobierno español suprimió hoy el polémico canon digital, que sustituirá por un sistema compensatorio a cargo de los presupuestos estatales, y ha aprobado el reglamento de la llamada ley Sinde, que crea una comisión antipiratería para defender a los creadores del "expolio lucrativo" de las descargas de internet.
El reglamento de la ley Sinde era una de las "patatas calientes" -según la calificó el nuevo ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert- heredadas del anterior Gobierno, que decidió dejarlo encima de la mesa del Consejo de Ministros después de debatirlo en varias ocasiones.
El Gobierno ha adoptado sus primeras medidas para "salvaguardar los derechos de la propiedad intelectual y dinamizar las industrias culturales" después de que Wert anunciara el pasado lunes que actuaría con premura y decisión contra quienes "se lucran indebidamente" con el trabajo intelectual y creativo de otros.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que la Comisión de Propiedad Intelectual se ocupará de "proteger los derechos de los propietarios, creadores y otros titulares frente al expolio lucrativo de las webs de descargas ilegales".
La vicepresidenta del Gobierno ha destacado que con estas medidas "España entra en el estándar internacional de lucha contra la piratería".
En lugar del canon digital, el Gobierno introducirá una compensación equitativa por copia privada a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, que será determinada tras el diálogo con los sectores afectados, señala la referencia del Consejo de Ministros.
El impopular canon digital fue establecido en España en 1987 para compensar a los autores por la copia de sus obras realizada por particulares y su aplicación enfrentó en los últimos años a las entidades de gestión con el sector de la industria de las nuevas tecnologías y las asociaciones de internautas.
La supresión del canon ha sido unánimemente celebrada por todos los sectores, pero la bienvenida al reglamento de la ley Sinde ha enfrentado a los defensores de la propiedad intelectual, que consideran que España se une a los "países civilizados", y a los partidarios de la libre descarga, que recuerdan la legalidad de sus prácticas.
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