Las nuevas medidas del Ministerio de Cultura para "proteger los derechos de propiedad intelectual"se ajustan a lo establecido por el Paquete de Telecomunicaciones. Un órgano administrativo dependiente del Gobierno podrá decidir el cierre de una página web a partir de una denuncia. La nueva Segunda Sección de la Comisión de Propiedad Intelectual solicitará información a las operadoras de Internet sobre las direcciones y la titularidad de las páginas que operen con contenido audiovisial de terceros.
De esta manera, el Gobierno español ha sido el primer ejecutivo de los Veintisiete en coger la normativa del Paquete de Telecomunicaciones para legislar a nivel nacional. El texto aprobado por el Parlamento Europeo el pasado 24 de noviembre permite que los estados miembros de la UE escojan qué organo, judicial o no, deberá proteger la propiedad intelectual en la Red. Según la información facilitada por Cultura, este punto respaldaría la medida incluida en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible.
En cualquier caso, el Gobierno se reserva la decisión de qué asuntos requieren de actuación judicial, pues admite que será la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual la que valorará la necesidad de la intervención del juez.
Según asegura Cultura, se recurrirá "a la intervención judicial" cuando"puedan verse afectados derechos y libertades fundamentales consagradospor la Constitución" (condición prevista por el artículo 11 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información(LSSI). Tal y como se interpreta de la nota enviada por el equipo deGonzález-Sinde, será la propia Comisión de Propiedad Intelectual quiéndecida cuándo hay o no algún derecho y libertad fundamental afectados por el hecho denunciado.
Cerrará con denuncia previa
El Ejecutivo insiste que entre las nuevas atribuciones de la Comisión de Propiedad Intelectual no estará convertirse en "un órgano de vigilancia de la Red" y "actuará cuando un titular o una entidad de gestión colectiva de derechos denuncien que la difusión de sus obras en Internet se está realizando sin licencia ni autorización". Este órgano de ajustará a un procedimiento establecido de antemano: recibirá la denuncia, la evaluará y tomará la decisión final.
La diferencia que pretende establecer el Ejecutivo español con respecto a otras legislaciones europeas restrictivas con Internet está en el destinatario final de la medida. Mientras la Ley Hadopi francesa, aprobada por el Gobierno de Nicolas Sarkozy y rechazada por el Tribunal Constitucional galo, pretendía cortar la conexión a los usuarios reincidentes en la descarga de contenidos después de tres avisos legales, la nueva legislación española no afectará en teoría a los usuarios que consigan gratis material audiovisual.
"El Anteproyecto propuesto no contempla medida algunas contra losusuarios individuales y tiene como único destinatario final las páginasweb que difundan contenidos protegidos sinautorización de sus titulares", garantiza el ministerio dirigido por Ángeles González-Sinde.Pese a lo que afirma el Gobierno, la medida introduce cierta falta deseguridad jurídica y abre una puerta peligrosa para los usuarios.
Defender a los creadores
Las nuevas medidas tienen como objetivo prioritario defender a los creadores. "La reforma tiene como principio central defender lalibertad de expresión de todos los ciudadanos y en particular de loscreadores", asegura el Ministerio de Cultura. De manera implícita, el Gobierno legisla para defender los intereses de un colectivo particular. Sin embargo afirma que la Ley de Economía Sostenible busca reducir "el impacto negativo que la vulneración de derechos de propiedad intelectual el desarrollo cultural" y su influencia "en la desaparición de empresas y la destrucción de puestos de trabajo".
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