Siete opiniones muy diferentes sobre la Ley Sinde

  • La polémica ley antidescargas dará un paso adelante este martes en el Senado, donde se aprobará la enmienda pactada por PSOE, PP y CiU que desbloquea la futura norma tras ser tumbada en el Congreso. Lainformacion.com ha consultado a políticos y expertos de diferentes sectores a los que afectará esta ley para conocer su opinión sobre la misma.
Siete opiniones muy diferentes sobre la Ley Sinde
Siete opiniones muy diferentes sobre la Ley Sinde
Antonio Pasagali
Beatriz Toribio
Beatriz Toribio

A partir de las 11 de la mañana, la Comisión de Economía del Senado analizará las cientos de enmiendas que se han presentado a la Ley de Economía Sostenible, entre las que se encuentra la enmienda pactada la semana pasada por PSOE, PP y CiU sobre la Ley Sinde

Será el nuevo pistoletazo de salida a una ley que ha revolucionado la Red y que seguirá dando de qué hablar. En lainformacion.com hemos querido conocer la opinión de diferentes expertos a favor y en contra de la Ley Sinde, así como de políticos involucrados en la negociación de la misma: ¿Qué cambiaría de la Ley Sinde? ¿Qué dejaría? son las dos preguntas a las que han respondido siete especialistas en el tema:

María González Veracruz, secretaria de Nuevas Tecnologías del PSOE

"Nos parece que la Ley es garantista y equilibrada con los derechos de todos, autores y creadores, pero también los de usuarios e internautas. Se trata de tener un procedimiento ágil con absoluta garantía para las libertades y derechos fundamentales, de expresión y de información.

Hay que entender que esta Ley no es un hecho aislado, es necesaria para tener un marco jurídico más seguro y afrontar una realidad, pero sabemos que se requieren cambios y reformas que se tienen que dar en el marco de la propiedad intelectual. Reformas en la dirección de una mayor transparencia de las entidades de gestión, en la aplicación del canon y en la línea de conseguir acuerdos para aumentar la oferta legal de contenidos. Es decir, trabajamos para que sucedan los cambios oportunos para que sea una realidad el consumo en la RED de cultura por parte de la ciudadanía , respetando los derechos que cada autor elija y eso implica que las industrias culturales tienen que hacer un esfuerzo por adaptarse a los nuevos tiempos."

Jordi Vilajoana, portavoz de CiU en el Senado y presidente de la Comisión de Economía donde se debatirá hoy la Ley de Economía Sostenible

"Con el acuerdo alcanzado entre PP y PSOE, CiU ha conseguido que los dos grandes partidos se unan para desarrollar una ley mejor, que tenga mayor seguridad jurídica, y que defienda la propiedad intelectual. Estoy muy satisfecho. Había que tomar una decisión en este sentido, en estos momentos el país tenía un nivel de descargas muy por encima de lo razonable y alguna cosa había que hacer. No podíamos ponerle puertas al campo, pero hay que ordenarlo.

Es importante defender todas las libertades, pero también proteger la propiedad intelectual, ante las webs y operadores que utilizan contenidos para su lucro. Son personas que se ganan la vida, que ganan dinero ofreciendo contenidos sin respetar su propiedad intelectual. Esto debe ser con todas las garantías legales, controlado y resuelto. La ley Sinde no va contra los usuarios, sino que controla esas empresas y organizaciones que obtienen lucro económico sin respetar los derechos de propiedad." 

Aitor Esteban, portavoz de Cultura del PNV en el Congreso y portavoz en la Subcomisión de Propiedad Intelectual.

"Unalegislación tan delicada como ésta debe modificarse en su conjunto, y noparcialmente, pudiéndose buscarse así un equilibrio que beneficie por un ladoaunque perjudique por otro a todas las partes. Esta Disposición adicional(denominada erróneamente Ley Sinde) sólo mira hacia uno de los sectoresconcernidos en esta problemática y además es un parche que dudamos que vaya atener el efecto que se desea.Además,reconociendo como reconocemos el concepto de propiedad intelectual y lanecesidad de una mayor protección de los creadores, el limitar el objetivo dela reforma al cierre de webs con contenido no autorizado por sus autores, llevaimplícito el mensaje (abonado por la ausencia de otro tipo de medidas odeclaraciones) de que no se van a abordar con seriedad medidas para lareconversión de la industria audiovisual. La Red está ahí para quedarse y nopodemos poner puertas al campo sino buscar nuevas formas de negocio. No esadmisible tampoco que en una ley de economía sostenible no se hable de lacalidad y velocidad de la red para los usuarios así como de los preciosdesorbitados en relación a otros países del entorno europeo.En definitiva, lo que debería hacer el gobierno es presentar un nueva Ley de Propiedad Intelectual propia para el siglo XXI".

Mario Tascón, presidente de la asociación Rei (Red de Empresas en Internet) que engloba a empresas como Idealista.com, Weblogs o Diximedia entre otras

"No cambiaría nada porque no la aprobaría. Lo ideal sería que se echara para atrás porque se ha enredado de tal manera que se está haciendo una chapuza sobre otra. Lo mejor sería cortar este cordón y hacer otro. La Ley Sinde no mejora nada. Por mucho que insistan PSOE y PP, los retoques introducidos han cambiado muy poco el planteamiento inicial de la ley. Una ley que es preventiva y con la que se podrá cerrar lo que se quiera.Ha arrancado tan mal y se ha planteado tan mal que no me quedaría con nada.

Sólo me quedo con la declaración sobre la necesidad de mejorar la Ley de Propiedad Intelectual, que es una asignatura pendiente pero que es mucho más amplia de lo que plantea la ley."

David Bravo, abogado experto en Propiedad Intelectual que formó parte de las últimas reuniones organizadas por Alex de la Iglesia para tratar de acercar posturas entre todas las partes.

"La Ley Sinde no debe aprobarse porque nace torcida. Su objetivo es frenar por vía administrativa una actividad que los jueces no consideran ilícita y por lo tanto nace con un propósito viciado. Todos los cambios que se hagan a esa norma no pasarán de mero maquillaje. La Ley Sinde simplemente debe rechazarse de plano.

Yo cambiaría la Ley de Propiedad Intelectual para adaptarla a los actuales usos sociales y buscaría una fórmula alternativa de remuneración para creadores y titulares de derechos que sea distinta a pretender un pago por cada acceso, un sistema que parece obvio que no ya no puede funcionar. En este sentido creo que lo mejor sería aplicar algo parecido a la 'licencia general opcional' que es un sistema de impuestos que se diferencia del canon en que no es indiscriminado y que podría gestionarlo el Estado, no una entidad privada, y que, por otra parte, no obsta al libre acceso a las obras intelectuales por parte de los ciudadanos y por los medios que tengan por conveniente".

Andrés Dionis, director de la Coalición Creadores a la que pertenecen asociaciones como EGEDA, Promusicae,y la SGAE, entre otras.

"1.Los creadores y la industria cultural estamos moderadamente satisfechos con lo que puede ser la pronta aprobación de una normativa, que sería la primera después de seis años reivindicándola, para comenzar a atajar la constante, masiva y diaria vulneración de los derechos de propiedad intelectual en Internet. Es muy importante que la propuesta, que se incluye como enmienda al proyecto de Ley de Economía Sostenible, haya contado con el consenso de los grupos políticos más representativos, que por ello deberán responsabilizarse de que la futura normativa tenga un desarrollo y operativa eficaz.

2. La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, que representa al sector cultural y de entretenimiento en España, considera que la normativa propuesta debe ser mejorada, al presentar carencias importantes que no permitirán atajar de manera eficiente las conductas vulneradoras. Entre ellas cabe destacar la necesidad de una tramitación judicial preferente de todo el procedimiento; el hecho de actuar contra las conductas vulneradoras, y no sólo contra los contenidos ilícitos y, en especial, la importancia de incluir en la normativa a los servicios de alojamiento o almacenamiento de datos y de servicios que faciliten enlaces a contenidos ilícitos o instrumentos de búsqueda de éstos. Son también responsables o colaboradores necesarios en las actividades piratas en Internet. Consideramos que es necesario, además, determinar un plazo corto para aprobar el reglamento de desarrollo de la norma, para que pueda entrar en funcionamiento cuanto antes. Es fundamental que estas carencias sean subsanadas en la tramitación que queda en el Senado con el objetivo de que la legislación contra las descargas ilegales no nazca ineficaz y, por el contrario, cumpla con su finalidad que es la de acabar con la vulneración de los derechos de propiedad intelectual en la red.

Arcadi Espada, director del Instituto Ibercrea, creado por cuatro entidades españolas de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual (AGEDI, AIE, SGAE y CEDRO).

"Quizá debería revisarse que la adopción de medidas dependan de que el prestador "actúe con ánimo de lucro o haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial". La autorización para compartir contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual debe darla su propietario, y la vulneración sistemática, con lucro o sin él, debe ser causa suficiente para protegerla. Además, el ánimo de lucro ha tenido en la práctica, en algunas conocidas sentencias, una relativa importancia: los abogados defensores de los sitios demandados argumentaron que, exista o no ánimo de lucro, lo que no existía en los sitios web demandados era comunicación pública. Y los jueces les dieron la razón. Es un ejemplo de que quizá lo que haya que cambiar no sea la Ley Sinde, sino las leyes y normativas que complementa o con las que se vincula, o incluso el código penal. Porque no es de recibo, en el actual entorno tecnológico, mantener la definición de "comunicación pública" a la que deben seguir ateniéndose los jueces.

También mermará su eficacia la ausencia de sanciones a los ciudadanos, porque la irresponsabilización del ciudadano no es una característica de las sociedades libres. Por el momento, y al contrario que el francés o el británico, nuestro legislador no actuará contra los ciudadanos que se lleven a su ordenador, sin pagarlos, música, películas o textos que estén en venta. La decisión traerá problemas, porque la impunidad del destinatario final de los contenidos es una herramienta que podrán utilizar los proveedores de servicios ilícitos. En resumen, supone sin duda un paso adelante pero quizá se quede corta, tal como explicamos aquí." 

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