EL PSOE PIDE LIMITAR LOS CONTRATOS TEMPORALES DE COLABORACIÓN SOCIAL POR EL “USO ABUSIVO” QUE HACEN LAS ADMINISTRACIONES

- Urge a poner en marcha ya el Plan Prepara y que se reforme “más allá de la reposición”. El Grupo Socialista ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley que pide limitar el uso de los contratos temporales de colaboración social por el carácter “abusivo” y “fraudulento” con el que lo usan las administraciones públicas.
En un comunicado, el PSOE informó de que esta iniciativa ha sido registrada por la portavoz de Empleo, Rocío de Frutos, y el diputado Miguel Ángel Heredia, tras los incumplimientos reiterados de la doctrina del Tribunal Supremo.
Con esta propuesta, el PSOE pide que se abra un debate junto con los agentes sociales para revisar el régimen jurídico de los contratos temporales de colaboración social, y que se impulsen las medidas necesarias para adoptar las acciones de las distintas administraciones públicas a la doctrina del Tribunal Supremo, limitando el uso de este mecanismo.
Además, los socialistas reclaman que el Ministerio de Educación “no utilice a parados sin contrato para gestionar sus becas”, sino que realice la contratación necesaria mediante las modalidades vigentes.
“Es una manifestación más de la precarización del empleo, porque se usa a desempleados como mano de obra barata, precarizada y sin vinculación laboral”, consideró De Frutos.
La figura de ‘colaboración social’ permite desde 1982 que las administraciones públicas llamen a desempleados para hacer todo tipo de tareas no remuneradas, justificadas en el “interés social”, a las que están obligados ante el riesgo de perder su prestación, sin percibir más que un complemento económico. La doctrina del Supremo prohibió la utilización de esta fórmula para cubrir trabajos habituales y estructurales.
PLAN PREPARA
Por otra parte, el secretario ejecutivo de Empleo del PSOE, Toni Ferrer, urgió a “poner en marcha de manera inmediata el Plan Prepara”, después de que no se prorrogara de forma automática ante la bajara del paro del 18% y la sentencia del Tribunal Constitucional que encomienda a las comunidades autónomas la gestión de los recursos de este programa.
Ferrer también defendió una reforma de este Plan “que no implique reponerlo sin mayor trascendencia y con numerosas trabas para acceder al mismo, como pretende el Gobierno”, y abogó por “un diseño diferente que lo haga más inclusivo y extenso”.
Además, añadió, “creemos que urge una modificación del sistema de prestaciones contributivas, revirtiendo los recortes de julio de 2012 y ampliando con ello la actual cobertura”.