Marruecos quiere reformar un sistema de pensiones con problemas "europeos"

Fatima Zohra Bouaziz

Rabat, 13 ene.- El gobierno marroquí ha puesto sobre la mesa la reforma del sistema de pensiones, una reforma que, al igual que en varios países europeos, se ve como penosa pero indispensable y que choca con la oposición feroz de los sindicatos.

El régimen de pensiones en Marruecos está administrado por la Caja Marroquí de Pensiones (CMR, siglas en francés) y el Régimen Colectivo de Prestación de Pensiones (RCAR) para los empleados del sector público, mientras que el sector privado cuenta con otros dos sistemas diferentes.

Estos mecanismos han comenzado a vivir una crisis financiera crónica pero con distintos grados; el caso más grave es el de la CMR por la cantidad de afiliados (900.000 funcionarios) y la edad avanzada de estos trabajadores en comparación con el sector privado.

La CMR afronta, a diferencia de los otros sistemas, acuciantes problemas financieros: a partir de este año, comenzará a utilizar sus fondos de reserva, y si no se aplican medidas correctivas, la caja será incapaz de pagar pensiones ya en 2021.

La crisis del sistema de pensiones marroquí se debe principalmente a un cambio demográfico que tiende al envejecimiento típico de país desarrollado, con el aumento de la esperanza de vida (72 años en 2004 frente a 47 en 1962) y con una evolución anual de los mayores de 60 años del 3,5 % respecto al 0,9 % del total marroquí, según estadísticas oficiales.

A esto se añade el acceso en edades avanzadas de jóvenes a la función pública: ahora la edad media de entrada en el funcionariado es 28 años, frente a los 18 años en los años setenta, lo que ha ido disminuyendo los años de cotización.

Esta situación hace que el número de cotizantes en la CMR se reduzca mientras crece el de beneficiarios, hasta llegar ahora a tres cotizantes por un beneficiario en relación a los doce cotizantes (por beneficiario) de 1986.

"La masa de funcionarios que se jubilarán es más importante que el número limitado de jóvenes que contrata el Estado" explicó a Efe el economista marroquí Larbi Benotman quien destacó la carga que para la CMR suponen los salarios que perciben los altos funcionarios desde su jubilación hasta su muerte.

Benotman resaltó también la desigualdad existente entre los cuatro sistemas de pensiones por los privilegios y cómoda jubilación de los que se beneficia un funcionario del Estado en comparación con un asalariado del sector privado.

El economista marroquí cree que la solución está en una "gran reforma" que unifique los cuatro sistemas bajo los mismos parámetros y establecer así una igualdad entre los cotizantes independientemente del sector en el que trabajan.

A pesar del carácter urgente de la reforma del dispositivo de pensiones, y ante las múltiples recomendaciones de organismos internacionales, los cambios pasan por una difícil gestación ante la sensibilidad del tema, su coste político y social y la oposición frontal de los sindicatos.

El gobierno marroquí ha optado en el momento actual por una reforma parcial al abordar solo una institución, la CMR, pero demora el anuncio de los detalles contentándose con afirmar que la reforma se hará efectiva "a partir de 2015".

El ministro de Economía y Finanzas, Mohamed Busaíd, admitió el carácter "costoso" de esta reforma tanto para el Estado como para el funcionariado por los sacrificios financieros y profesionales que supone.

Busaíd, sin querer entrar en detalles, solo explicó que la reforma abarcará tres mecanismos: elevar la edad de jubilación, aumentar la tasa de cotización y alargar el periodo laboral que servirá como referencia para calcular la jubilación percibida (y por consiguiente hará más baja la prestación).

Por ahora, el escenario con el que se trabaja oficiosamente es retrasar la edad de jubilación de los 60 a los 62 años, e ir subiendo cada seis meses hasta llegar a 65 años en 2020.

Se estudia también aumentar en un 10 % la tasa de cotización, así como calcular el importe de la pensión en función del salario percibido en los últimos ocho o diez años.

Los sindicatos situados más a la izquierda ya han amagado con una huelga general el próximo 22 de enero si se confirman los planes del gobierno, pero éste parece guardarse las últimas cartas.