Suiza aprueba por aplastante 67,9 % limitar el salarios de los directivos

Marta Hurtado

Ginebra, 3 mar.- Los suizos han expresado hoy por una mayoría aplastante imitar los salarios excesivos y otros "paracaídas dorados" de los directivos de las grandes empresas al aprobar por el 67,9 por ciento de los votos acotar sus remuneraciones.

En un referéndum histórico por su contenido, pero también por su forma -los 26 cantones sin excepción han votado a favor- los helvéticos han decidido que sean los accionistas y no los propios directivos los que decidan sobre sus remuneraciones.

La campaña alarmista de la patronal Economiesuisse y de los partidos de derechas de que una vez aprobada la reforma cientos de empresas partirían a instalarse al extranjero y que se perderían miles de empleos no ha surgido efecto, y el pueblo ha defendido la conocida como la iniciativa Minder -en referencia a Thomas Minder, el senador que la propuso- o más directamente como la "iniciativa contra los salarios abusivos".

Sólo 762.000 votantes dijeron "no", mientras que más de 1,7 millones de ciudadanos apoyaron la iniciativa.

"Los votantes han dado una señal violento a los consejos de administración de las empresas", señaló Minder, tras conocer el escrutinio.

Precisamente, el resultado es una victoria popular, pero especialmente personal, dado que Minder ha luchado incansablemente durante años por aprobarla, a pesar de contar con la oposición de, obviamente, los grandes empresarios, la patronal, e inclusive del Gobierno, que veía su propuesta demasiado radical.

De hecho, el Parlamento redactó un contra proyecto que iba en la misma dirección pero suavizaba las posiciones de la iniciativa, proyecto que ha quedado enterrado con el masivo "sí" a la propuesta.

Apodado "el Robin de los bosques de los pequeños accionistas" o incluso "el nuevo "Guillermo Tell", Minder no dudó en hablar en todas las plazas que le permitieron intervenir, desde juntas de accionistas a asambleas de partidos, y a pesar de los augurios y de los millones de francos gastados por sus oponentes, se ganó el corazón y la voluntad de los helvéticos.

Además, en las últimas semanas, contó con el "apoyo" inesperado de la polémica surgida al conocerse públicamente que el presidente de la farmacéutica Novartis, Daniel Vasella, iba a recibir una indemnización de 58,4 millones de euros tras su salida de la empresa.

Este directivo renunció finalmente a la indemnización, pero el debate resurgió con fuerza y la propuesta ganó vigor.

Al comentar hoy los resultados, la ministra de Justicia, Simonetta Sommaruga, recordó el caso diciendo que "lamentablemente, las remuneraciones abusivas no son algo del pasado".

Dicho esto, la ministra se mostró convencida de que la Economía helvética "sobrevivirá" con las nuevas reglas.

"Su competitividad no depende sólo del derecho de los accionistas sino también de otros factores con los que cuenta Suiza, como un buen nivel de formación, calidad de vida, y estabilidad política", aseveró Sommaruga.

En detalle, la iniciativa pretende poner límite a los salarios que cobran los directivos de grandes compañías a través del control y el aval de los accionistas.

Una vez su entrada en vigor, la ley se aplicará a todas las sociedades anónimas helvéticas que coticen en la bolsa suiza o en el extranjero.

La junta general de la compañía elegirá anualmente al presidente del Consejo de Administración y a sus miembros; además, deberá pronunciarse anualmente sobre las remuneraciones del consejo de administración, de la dirección y del comité consultivo.

Asimismo, la nueva ley prohibirá que los miembros de los órganos directivos reciban indemnización de partida, o "paracaídas dorados", y primas por contratación.

Además, cuando los directivos se vayan, no podrán obtener ninguna remuneración anticipada, ni podrán estar vinculados por contrato al consejo o a una sociedad del grupo.

Los estatutos de la empresas deberán regular todo lo relacionado con las primas y las participaciones, y los créditos y los préstamos que se les puedan entregar a la dirección.

Conscientes del rechazo que la propuesta generaría, los promotores de la iniciativa no olvidaron incluir sanciones en caso de que se violen las disposiciones: cuando se viole lo establecido, la falta será sancionada con una pena privativa de libertad de tres años de máximo y del pago de hasta seis remuneraciones anuales.

Ahora cabe al Consejo Federal (gobierno) redactar una ley de aplicación del contenido de la iniciativa en el plazo máximo de un año.