El sindicato ha sostenido que los gobiernos "están obligados a garantizar la seguridad jurídica de sus empleados", y ha arremetido contra la Fiscalía, remarcando que ha puesto el punto de mira en los responsables de los centros de votación para el referéndum convocado para el 1 de octubre.
"Los responsables de los centros están amenazados. La brutal desmesura de las actuaciones de la Fiscalía puede tener consecuencias penales y abre la puerta a futuras inhabilitaciones como funcionarios", ha advertido.
CC.OO. de Cataluña ha asegurado que ya ha trasladado a la Generalitat la exigencia de dar garantía a todos los funcionarios, y ha sostenido que el Govern debe dar protección a los implicados en el referéndum.
La organización también ha subrayado que, a medida que se acerca el 1-O, "crece la desmesura de las actuaciones de la Fiscalía y del Gobierno", además de criticar amenazas a empleados públicos.
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