En rueda de prensa, el alcalde de Bonares ha dejado claro que están en contra de "la división en subproyectos y de que se hagan trampas" y a favor de que "se sepan las verdaderas consencuencias que puede tene ya sean malas, regulares o peores".
Sobre la manifestación, García ha recordado que está convocada por "asociaciones y colectivos que velan por la conservación de Doñana, de nuestro espacio natural por excelencia, y ningún partido político tiene que capitalizar esto, ya que irán todos los que quieran ir y los socialistas estaremos".
En esta línea, ha precisado que la Junta y los ayuntamientos del entorno del parque han creado un frente común para pedir al Gobierno central una evaluación conjunta de los proyectos, ya que las competencias en materia de hidrocarburos las tiene el Ministerio de Industria, a la par que ha recordado que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) "la aprobó el Ministerio de Medio Ambiente", por lo que se trata de "un oroyecto avalado por el Gobierno central, único competente para autorizarlo".
De hecho, ha recordado que "la Junta, el Consejo de Participación de Doñana y la Unión Europea (UE) le han pedido que considere los cuatro proyectos como uno solo y no han respondido a la petición", a la par que ha negado "la connivencia" de la empresa, ya que en 2014, cuando se produjo la paralización de los expedientes debido a la reclamación de la Junta de Andalucía al Gobierno de revisión de la DIA, para que se tuvieran en cuenta los impactos acumulativos de todos los proyectos, Gas Natural presentó una reclamación de 358 millones de euros al Gobierno autonómico por responsabilidad patrimonial por la paralización de dichos proyectos.
De igual modo, ha recordado que "gracias a la determinación de la Junta, los tres proyectos de gas que afectaban a Doñana están 'de facto' paralizados, tanto el de Marismas Oriental, como el de Saladillo y el de Marismas de Aznalcázar; y esto ha sido porque la Junta de Andalucía no ha otorgado las respectivas Autorizaciones Ambientales Unificadas".
Por último, ha manifestado que "la situación ha cambiado mucho en los últimos cinco años", a lo que ha añadido que "solo con una evaluación conjunta tendremos conocimientos de los riesgos sísmicos que esta actividad puede producir en la zona", y ha concluido que "esta reivindicación de la Junta de Andalucía y los ayuntamientos la llevaremos a las administraciones que tengamos que llevarla, tanto dentro, como fuera de España".
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