Las acciones de Codere, la compañía de juego, apuestas y casinos, se dispararon este lunes un 42%, hasta 1,2 euros, después de que sus fundadores, la familia Martínez Sampedro, hayan solicitado introducir un nuevo punto en el orden del día de la Junta de Accionistas del próximo 11 de mayo para que los partícipes en la toma de control de Codere en 2018 cumplan la Ley del Mercado de Valores española y lancen una oferta de compra a un precio un 1.000% superior a su cotización actual.
En concreto, los socios fundadores han solicitado que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) abra expediente contra los fondos que controlan la empresa para obligarles a presentar una opa forzosa por 9,58 euros por título en beneficio de la totalidad de los accionistas de la compañía, lo que supone un montante de 900 millones de euros frente a los apenas 90 millones que capitaliza en bolsa Codere.
Según los fundadores de Codere, el precio equitativo por acción reclamado es el orientativo que se ha fijado en función del cierre del 12 de enero de 2018, fecha en la que se materializó la toma de control de la compañía. También han solicitado a la CNMV que paralice los expedientes de denuncia que se presentaron, "sin conocer la existencia y consecuencias de la conspiración civil", hasta que se resuelva el expediente de la OPA forzosa.
La nueva demanda se basa en el artículo 40 del Reglamento de Régimen Interior de la CNMV y de la Ley del Procedimiento Administrativo, así como por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, por sus siglas en inglés), que prohíbe de forma explícita las maniobras de accionistas y consejeros que impliquen una colusión de intereses ajenos a los del resto de accionistas.
Según la nueva demanda, "por primera vez", al iniciar este expediente al amparo de dicho artículo 40, el regulador "tiene la oportunidad de analizar la toma de control de una sociedad cotizada española, realizada de forma concertada por una conspiración civil desde EEUU, para, sin nueva compra de acciones, tomar el control de una empresa cotizada sin presentar una opa forzosa, como obliga la legislación española, hechos que hoy afectan a Codere pero que podrían afectar en el futuro a cualquier otra empresa cotizada española y en relación a los cuales, a día de hoy, no hay doctrina de la CNMV".
La nueva demanda también aporta el dictamen de una firma de abogados estadounidense, que ha analizado los resultados y pruebas obtenidas por el 'forensic' al investigar miles de pruebas de la relación entre los fondos de inversión y los consejeros de Codere. Los abogados concluyen en un informe, entre otras cuestiones, que "bajo su criterio jurídico y con los estándares de la legislación estadounidense, ha existido algún tipo de conspiración civil para organizar desde EEUU la toma de control de Codere sin presentar una opa forzosa".
Además, destacan que "en secreto, urdieron y planearon un esquema, presentado como un plan de transición que resultara en cambios fundamentales en la estructura y el negocio de Codere", que incluían la rescisión de José Antonio Martínez Sampedro, como presidente de la compañía, y de Luis Javier Martínez Sampedro, como vicepresidente, y el nombramiento de Vicente Di Loreto, como CEO de Codere.
Según los demandantes, Di Loreto fue contratado como responsable de G3M Consulting para proveer de servicios de consultoría estratégica, financiera y de negocio a Codere, y fue nombrado responsable del Comité de Seguimiento de la compañía cuando era presidente José Antonio Martínez Sampedro. Posteriormente, y de acuerdo con el plan que había pactado con Silverpoint, fue nombrado por el consejo CEO de la compañía.
¿Una conspiración desde EEUU?
La nueva demanda afirma que, "según queda plenamente constatado en los correos electrónicos intercambiados, que fueron analizados en el procedimiento forensic denominado 'discovery' realizado entre 2018 y principios de 2020 en EE.UU. los actuales consejeros de Codere abordaron la toma de control de la compañía en el seno del Comité de Nombramientos y del propio Consejo de Administración".
Esta circunstancia, supone eludir la obligación de retribución en igualdad de condiciones a todos los accionistas "razonables" de Codere, los que lo eran el 12 de enero de 2018, cuando se materializó la toma de control, "al evitar lanzar una OPA sobre la totalidad de las acciones de la empresa", aseguran los demandantes. La legislación española contempla la toma de control de una determinada empresa, pero ese procedimiento debe contar con el visto bueno de los accionistas mediante la convocatoria de una junta convocada para su aprobación como punto del orden del día.
En caso de ser aceptada la demanda, implicaría la obligatoriedad de lanzar una OPA al precio equitativo del día en que se produjo la toma de control efectiva de Codere, el 12 de enero de 2018, fijado en 9,58 euros por acción, frente a la cotización actual de 0,84 euros, lo que supondría, en función de dicho precio por título y del número de acciones cotizadas en esa fecha, un montante total de alrededor de 900 millones de euros, sin contar con los intereses anuales acumulativos del 3 por ciento, a repartir entre todos los accionistas poseedores de títulos de la empresa en aquella fecha.
En este sentido, el expresidente de Codere, José Antonio Martínez Sampedro, considera que se trata de "un flagrante caso de toma de control de una empresa por parte de unos fondos de inversión que han conspirado desde EE.UU. para quedarse con una sociedad cotizada española sin lanzar una OPA para ello" y, por tanto, "perjudicando los legítimos intereses de todos sus accionistas minoritarios".
La familia Martínez Sampredro control al 14% del capital de Codere, aunque los mayores accionistas son fondos como Silver Point (21,8%), M&G (21%), Abrams Capital (8,7%) y Evermore (5,5%), que controlan más del 50% del capital de la empresa desde la reestructuración de su deuda.
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