El activismo inversor da un paso adelante. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha dado luz verde este miércoles al nuevo código de buenas prácticas, que fomentará esta práctica entre las gestoras y los inversores institucionales españoles. Este código, que es de adhesión voluntaria, será, sin embargo, de obligado cumplimiento para las firmas que opten por adoptarlo, que contarán con tres años para asumir todos los puntos aprobados por el supervisor de los mercados financieros.
La nueva guía, que incorpora al mercado español los 'stewarship code', refuerza la normativa legal española que ya obliga a las gestoras de activos a consignar cómo votan en las juntas de accionistas. El nuevo código, sin embargo, va mucho más allá, ya que sus adoptantes no solo tendrán que informar sobre cómo votan, sino también incorporar y explicar a sus partícipes las políticas concretas que seguirán.
Los expertos esperan que la suma de la reforma de la Ley de Sociedades Capital y este código de adoptación voluntaria fuerce a la industria de la gestión de activos a ser más activa en el voto en juntas y también a diseñar políticas de implicación (influencia) para que las compañías en las que participen progresen en determinados aspectos. Son estrategias muy ligadas al auge de los criterios ESG.
La CNMV reconoce esta meta en el diseño del código. "El objetivo del Código es promover una mayor implicación de los accionistas en la vida de las sociedades en las que invierten. Al ser los inversores institucionales y los gestores de activos accionistas o actores importantes en un gran número de sociedades, su implicación es fundamental para conseguir un modelo eficiente de gestión y gobernanza empresarial", explican desde el organismo presidido por Rodrigo Buenaventura.
Las obligaciones del nuevo código
El código está pensado para que lo adopten gestoras de activos, pero también compañías de seguros, fondos de pensiones de empleo... aunque por su carácter voluntario también estará abierto a otros fondos de pensiones distintos de los de empleo, "sociedades gestoras de fondos de pensiones, sociedades holding o de cartera, grupos familiares y otros inversores privados u otras entidades similares", enumera la CNMV. También afectará a los asesores de voto.
El código cuenta con siete principios. Para difundir cómo se implementa, la guía se sostiene sobre la máxima de “cumplir o explicar”, que los adoptantes deberán consignar en su informe anual, indicando qué principios se han aplicado, cuáles no y las razones que han llevado a la gestora o al inversor a no seguirlo. La CNMV espera que los inversores que se adscriban a este código de buenas prácticas apliquen todos los principios, como tope, en febrero de 2026. El punto 6, relativo a la política de gestión de conflictos de intereses, debe aplicarse desde el primer momento.
Además de esta cuestión, el código recoge otros aspectos como la necesidad de que su adoptantes cuenten con una estrategia de inversión a largo plazo; que cuenten con un conocimiento profundo de las compañías en las toman posiciones; que hagan públicas y desarrollen las políticas de implicación (engagement) y que den anualmente publicidad a dichas actividades y también al voto realizada durante la temporada de juntas.
Cada vez son más los inversores internacionales que van poco a poco haciendo público cómo han votado durante estas citas anuales con accionistas.
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