Los querellantes contra las agencias de riesgos recurrirán en la Audiencia

Madrid.- Los abogados impulsores de la primera querella española contra las tres principales agencias de calificación de riesgos Standard & Poor's, Moody's y Fitch recurrirán la próxima semana la decisión de la Audiencia Nacional de no admitirla a trámite, han confirmado a EFE fuentes jurídicas.

Los abogados Gonzalo Boye, Jaume Asens y Enrique Santiago, que representan al Observatorio para el Cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Izquierda Unida (IU) y a la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Ayuda a los Ciudadanos (ATTAC), pueden interponer el recurso en un plazo de tres a cinco días.

En la querella que presentaron el pasado mes de febrero, se denunciaba, entre otros puntos, los presuntos delitos que habían cometido las grandes agencias de calificación contra el mercado y los consumidores, con diversos informes en los que revisaban la solvencia de más 30 entidades financieras y del Estado español.

Unos estudios que, según argumentaron en su escrito, causaron de forma reiterada un perjuicio "enorme" a las finanzas públicas y a los inversores privados, al tiempo que mermaban de forma "injustificada" la credibilidad de la economía y de las instituciones españolas, con las consecuencias que se ven en estos momentos.

Después de siete meses, la Audiencia Nacional ha comunicado hoy su decisión de no admitir a trámite la querella, al entender que los informes que las tres agencias han publicado sobre España no constituyen un delito ni se puede inferir de ellos el uso de información privilegiada.

En el auto al que ha tenido acceso EFE, el juez Ismael Moreno ha rechazado además que estas agencias difundieran falsedades sobre la deuda española, a pesar de reconocer que "las agencias de calificación se equivocaron gravemente", aunque matiza que "no fueron las únicas".

En julio, la Fiscalía Anticorrupción ya rechazó investigar a las agencias de medición de riesgos, pese a que señalaba que su actuación perjudicó económicamente a España, dada la "relación directa" entre las revisiones a la baja aplicadas al país y el encarecimiento de la financiación del Estado a través de la emisión de deuda pública.