"No se crean por el déficit. No tienen un afán recaudatorio", remarca a este diario Inés Bardón, secretaria de Estado de Hacienda, con quien hemos abordado las dos nuevas figuras impositivas en el ámbito de la fiscalidad verde que el Gobierno ha sometido a consulta pública: el tributo especial sobre el transporte aéreo, que ya aplican países vecinos como Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Austria o Francia; y el que afectaría a los artículos de plástico de un solo uso que se emplean para proteger o contener bienes o alimentos.
España es actualmente el quinto país de la Unión Europea que menos recauda por fiscalidad verde (el equivalente al 1,84% de su PIB, frente al 2,4% de media entre los Veintisiete). "Esto lo que nos indica, como se ha dicho en varias ocasiones por la Unión Europea, es que ahí francamente tenemos un margen para subir estos impuestos", apunta la número dos del ministerio encabezado por María Jesús Montero.
Según un estudio del Consejo General de Economistas, entre 2002 a 2017 la recaudación por tributos verdes sobre el total de lo ingresado en impuestos se redujo del 6,1% al 5,4% en nuestro país... Esto nos coloca a 7.000 millones de euros de lo que recaban nuestros socios. De ello hablamos con Luis del Amo, secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), quien nos explica cómo afecta a nuestro país la falta de una homogeneización fiscal entre autonomías y nos detalla las propuestas del colectivo sobre fiscalidad medioambiental.
El 60% de los más de 20.000 millones que la Agencia Tributaria ingresa vía impuestos verdes provienen del de Hidrocarburos, seguido del tributo sobre vehículos de tracción mecánica. En opinión de Xavier Labandeira, catedrático de Economía de la Universidad de Vigo y director de Economics for Energy, apuesta por actuar sobre el impuesto al diésel para que España no se quede rezagada en este ámbito y propicie además el cambio en el parque de vehículos, que está entre los más envejecidos de Europa -con los efectos que esto tiene en términos de emisiones-. Su opción es introducir los cambios "con usos recaudatorios que te permitan proteger a determinados sectores (...) y para compensar a grupos de la población que pueden verse afectados".
La Unión Europea se ha comprometido a descarbonizar por completo su economía de aquí a 2050. Todo un reto si tenemos en cuenta que el 79% de las emisiones de gases de efecto invernadero en territorio comunitario se deben fundamentalmente a la quema de combustibles para usos energéticos o del transporte, de acuerdo con las cifras que maneja Eurostat.
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