La Audiencia Nacional imputa a Volkswagen por el caso del software

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno se declara competente para investigar las querellas interpuestas contra el consorcio automovilístico Volkswagen por el presunto trucaje de determinados motores diésel de cuatro cilindros y ha imputado a la compañía como persona jurídica.

En un auto, el juez solicita a la compañía que se persone el día 10 de noviembre, a las 10.30 horas, tal y como establecen los artículos 118, 119 y 775 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal cuando se imputa a una persona jurídica. Volkswagen deberá designar un representante, así como abogado y procurador.

El magistrado acepta en su resolución las diligencias solicitadas por la Fiscalía por cuanto son "pertinentes y necesarias" y se refieren a cuestiones de "absoluta trascendencia" para el esclarecimiento de los hechos. El juez reclama al Grupo Volkswagen la totalidad de los comunicados oficiales emitidos y una relación en formato digital Excel o similar de los vehículos afectados vendidos en España y el organigrama del grupo en España, con especificación de funciones vinculadas a los hechos y determinación del personal responsable del mismo.

También solicita la identificación de la empresa a la que se encargó la fabricación del software y el informe acerca de la instalación del programa informático, con especificación del departamento encargado de ello en España.Requiere también el informe de las medidas adoptadas para subsanar el daño causado y el informe relativo a las medidas de control y supervisión que, en su caso, hubieran dispuesto para su prevención con anterioridad a la comisión de los hechos.

El Ministerio Público quiere que se recabe del Ministerio de Industria y Energía toda la información que haya podido reunir sobre los hechos investigados, con inclusión del dictamen de la Agencia Medioambiental de los Estados Unidos (EPA), los informes periciales que se hayan realizado y todos aquellos que estén en poder de la marca y entidades involucradas.

Asimismo, solicita del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente los dictámente periciales que se hayan realizado en vehículos supuestamente manipulados para determinar el grado de emisiones nocivas.

Además, acepta la personación como acusación popular del Sindicato Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias, de la Asociación Internacional Antifraude para la Defensa de Afectados por Motores y otros y de la Asociación de Perjudicados por Entidades Financieras, todo ello condicionado a que depositen una fianza cada una de 5.000 euros en el plazo de diez días y a que se personen en una misma dirección letrada.