Las replicas al terremoto político de Austria no parecen remitir mientras que el canciller federal, el democristiano Sebastian Kurz, busca mantenerse al frente de un Gobierno de transición sin los ultranacionalistas, para lo que necesitará sobrevivir el próximo lunes a una moción de censura.
La iniciativa parlamentaria fue presentada ya por la formación opositora y progresista Jetzt y por primera vez en la historia moderna de Austria existe cierta posibilidad de que un canciller pierda la confianza entre los 183 diputados del Parlamento.
Para que salga adelante esta moción deberían votar en contra del ÖVP de Kurz los socialdemócratas y los ultraderechistas del FPÖ, hasta ayer sus socios de Gobierno.
Ambas formaciones, que juntas disponen de una mayoría en la Cámara, aún no han anunciado el sentido de su voto. Solo el opositor y minoritario partido liberal Neos ha asegurado que no secundará la moción para favorecer "la estabilidad" del país.
Los demás opositores, sin embargo, quieren desalojar a Kurz de la Cancillería con una votación para romper su aura ganadora -sigue siendo con diferencia el político más popular del país- y obligarle a concurrir a los comicios anticipados de septiembre sin la ventaja electoral que otorga el poder.
Analistas austríacos hablan además de "ansias de revancha" entre los ultranacionalistas del FPÖ, despojados del Gobierno tras conocerse un vídeo en el que su exlíder Heinz-Christian Strache promete favores políticos a una supuesta multimillonaria rusa a cambio de donaciones para su partido.
En un mensaje televisado el presidente federal, Alexander Van der Bellen, se dirigió esta noche a la ciudadanía para tranquilizar los ánimos e instar a los partidos políticos a "pensar primero en el interés del país" y solo después "en el suyo a corto plazo".
Recordó una vez más las escandalosas imágenes grabadas en una finca de Ibiza en 2017 y habló de "traspaso de límites, quiebre de confianza y abandono político"."Aún no podemos saber qué efectos tendrán estás imágenes para la sociedad", advirtió el presidente.
Ninguna de las 185 mociones de censura presentadas en Austria desde 1945, cuando el país recuperó el sistema democrático, ha salido adelante, por lo que la posibilidad de infligir una derrota histórica a Kurz es también una tentación a tener en cuenta.
El propio canciller reconoció hoy, tras una reunión de varias horas con Van der Bellen, que no es seguro del todo que pueda acudir el martes próximo a la cumbre de líderes comunitarios en Bruselas.
"No depende de nosotros", señaló Kurz al ser preguntado por la prensa en el antiguo Palacio Imperial de Viena. Éste es el último episodio de la vertiginosa crisis que sacude Austria desde que el viernes pasado dos publicaciones alemanas difundieran el ya famoso vídeo.
Strache renunció el sábado, tras lo cual Kurz exigió también la dimisión del ministro del Interior, Herbert Kickl, para favorecer una investigación transparente de lo sucedido.
Kickl, principal ideólogo del partido ultranacionalista y en 2017 su secretario general, no quiso dimitir y la exigencia de Kurz de destituirlo fue respondida hoy con la dimisión del equipo ministerial del FPÖ, los titulares de Interior, Defensa, Exteriores, Sanidad e Infraestructuras.
Estos ministros serán sustituidos hasta las elecciones anticipadas de septiembre por expertos de conocido "prestigio, integridad e independencia", prometió Van der Bellen.
De estos cinco ministros, solo la responsable de Exteriores, Karin Kneissl, una independiente nombrada en su momento por el FPÖ, seguirá en un Ejecutivo de transición.
El presidente aseguró que, ante la crisis de Gobierno que vive el país y para recuperar la confianza en la política, estas carteras solo pueden ser ocupadas por "expertos intachables", que probablemente prestarán mañana mismo juramento de sus cargos.
Van del Bellen específico que "especialmente para el Ministerio del Interior hacen falta personas profesionales, por encima de los partidos, reconocidas e íntegras".
Hacía referencia así a la figura polémica de Kickl, muy cercano a círculos ultraderechistas y artífice de la política de mano dura en materia de extranjería y derechos cívicos que venía poniendo en marcha el Ejecutivo liderado por Kurz.
En una actuación de último momento, antes de ser destituido, el ministro del Interior firmó anoche un decreto ministerial para limitar a 1,5 euros por hora la paga para solicitantes de asilo que realizan trabajos comunitarios voluntarios.
No solo la oposición sino también numerosas administraciones regionales lideradas por el partido popular ÖVP habían rechazado la iniciativa de Kickl como una "explotación" y "mensaje hostil" hacia los refugiados en el país.
Austria es desde la crisis migratoria en Europa de 2015 uno de los países europeos que acogió a más refugiados de Oriente Medio (unos 150.000), sobre todo de Siria y Afganistán.
Esto causó mucho malestar y preocupación entre ciertos sectores de la población, impulsando al FPÖ hasta un 26 % de los votos en las elecciones de 2017, lo que le abrió la puerta a entrar en un Gobierno de coalición con Kurz, ganador de esos comicios.
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