Montevideo, 9 mar (EFE).- La Justicia uruguaya confirmó hoy la autorización para realizar excavaciones en una unidad militar del departamento de Maldonado, donde pueden haber sepultado los cuerpos de al menos dos desaparecidos durante la dictadura (1973-1985).
Según indicó a la prensa el juez Federico Álvarez Petraglia, la Judicatura envió una orden al Ministerio de Defensa que da luz verde a los trabajos de exhumación a cargo de un equipo científico en el predio del Batallón de Ingenieros de Combate número 4 de Laguna del Sauce, en ese departamento uruguayo al este de Montevideo.
Estos trabajos de búsqueda de restos humanos responden a la información suministrada por un ex militar, que reveló que en esas instalaciones militares se habían producido enterramientos clandestinos durante la última dictadura militar.
Esta persona reveló que, cuando cumplía con su servicio militar en el citado batallón en 1975, vio durante una guardia cómo se descargaban dos cuerpos de un camioneta y se procedía a su enterramiento.
El ex soldado hizo estas revelaciones más tarde, cuando comenzó a trabajar como funcionario municipal en la Intendencia de Maldonado y contó lo ocurrido a algunos compañeros laborales.
Después de que una abogada pusiera en conocimiento de Álvarez Petraglia los hechos, el propio ex militar ratificó su versión y el juez comenzó a tramitar las correspondientes medidas cautelares.
Álvarez Petraglia aseveró al diario digital Observa que el oficio remitido al Ministerio de Defensa habilita al equipo de antropólogos encabezado por el doctor José López Mazz a comenzar las excavaciones esta semana, aunque no se reveló el momento concreto de las exhumaciones.
Por otra parte, hoy acudieron a declarar ante la Justicia los periodistas Álvaro Alfonso y Roger Rodríguez, como testigos del caso del envenenamiento mortal de Cecilia Fontana de Heber en 1978.
A partir de hoy, una decena de civiles, antiguos policías y ex militares comparecerán ante la jueza uruguaya Gabriela Merialdo, que instruye el sumario por la muerte de la esposa del dirigente del Partido Nacional, Blanco Mario Heber.
Fontana murió al beber de una botella de vino que le llegó en forma anónima a su domicilio en Montevideo con un mensaje a favor de la democracia y en contra de la dictadura.
Otras botellas envenenadas fueron enviadas a las casas de otros dos políticos "blancos", Luis Alberto Lacalle, que ya recuperada la democracia fue presidente del país (1990-1995), y Carlos Julio Pereyra, pero ninguno llegó a beber de ellas.
Tanto Lacalle como Pereyra comparecerán como testigos en estas audiencias.
Esta semana declararán también el ex general Gregorio Álvarez, presidente de facto de 1981 a 1985, y el coronel retirado José Nino Gavazzo, ambos presos con relación al traslado clandestino a Uruguay de exiliados que se encontraban en Argentina.
Asimismo, prestarán su testimonio varios ex agentes de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII).
Según filtraciones de este cuerpo, el homicidio de Fontana fue llevado a cabo por fuerzas de ultraderecha uruguayas para acabar con un incipiente proceso de apertura de la dictadura mediante contactos entre miembros del Gobierno de Álvarez y del Partido Nacional, entre éstos Heber, Lacalle y Pereyra.
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