La justicia ha llegado tarde, pero al menos ha hecho pagar a los cuatro ex militares guatemaltecos acusados de la matanza de 201 campesinos en 1982. Cada uno de ellos ha sido condenado por la Justicia de Guatemala a 6.060 años de prisión en lo que constituye una sentencia ejemplar en el país centroamericano.
El crímen cometido por los cuatro ex militares es uno de los más cruentos cometidos por el Ejército contra civiles en Guatemala entre 1960 y 1996.
La histórica sentencia ha sido emitida por el Tribunal de Alto Riesgo, que concluyó que los exintegrantes del grupo elite Kaibil del Ejército guatemalteco Daniel Martínez, Manuel Pop, Reyes Collin y Carlos Carías, son responsables de delitos de lesa humanidad por el asesinato colectivo de los 201 campesinos, entre ellos más de un centenar de menores de edad.
Sin embargo, los cuatro condenados por el delito de asesinato solo deberán cumplir efectivamente la pena máxima de 50 años de cárcel cada uno, como dicta el Código Penal guatemalteco, según explicó la jueza que leyó la sentencia, Patricia Bustamante.
A esa pena se le suman otros 30 años por el delito de incumplimiento de deberes contra la humanidad, lo que hace un total de 80 años de condena efectiva para cada uno de los exmilitares, dijo la jurista.
La presidenta del Tribunal de Alto Riesgo, la jueza Jazmín Barrios, ha explicado que la sentencia debe ser confirmada por un tribunal de ejecución penal en los próximos días.
El Tribunal de Alto Riesgo está conformado por la presidenta barrios, los jueces vocales Bustamante y Pablo Xitimul.
El propio Bustamante explicó que los exmilitares han sido condenados a 30 años de cárcel por cada uno de los 201 asesinatos, perpetrados el 7 de diciembre de 1982 en la localidad Las Dos Erres, del municipio de La Libertad, en el departamento norteño de Petén.
En su resolución, el Tribunal de Alto Riesgo explicó que fueron clave para la sentencia los testimonios de dos ex militares también miembros del grupo Kaibil, César Franco y Flavio Pinzón, testigos de la Fiscalía y que están radicados en México.La jueza Bustamante afirmó que en el juicio quedó demostrado que los militares actuaron de forma planificada, con "ensañamiento" y "perversidad"contra la población civil de Las Dos Erres, que solo se dedicaba a la agricultura.
La sentencia provocó un prologado aplauso en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia, que fue abarrotada por familiares de las víctimas y activistas humanitarios, así como varias decenas de periodistas.
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