El fantasma de los 43 estudiantes de Ayotzinapa vuelve a perseguir a Peña Nieto

    • A punto de cumplirse un año del crimen, un nuevo informe cuestiona la "verdad histórica" del Gobierno, al que se le criticó su falta de determinación a la hora de descubrir lo sucedido.
    • Los estudiantes de magisterio iban a una manifestación de la capital cuando fueron asesinados por policías locales y sicarios.
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En una misión avalada por su Gobierno y con acceso a expedientes de la Fiscalía hasta ahora vetados a la luz pública, un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el domingo un largo informe que desmonta la versión oficial de los hechos y sugiere que el ejército y fuerzas federales mexicanas tuvieron conocimiento del ataque a los estudiantes e, incluso, omitieron ofrecerles ayuda.

La puesta en duda de la "verdad histórica" profesada por la fiscalía considerando, por ejemplo, que no hay evidencias de que los chicos fueran incinerados en un basurero y la insinuación de posibles responsabilidades federales golpea al gobierno de Enrique Peña Nieto, que pasa por su peor momento de popularidad a raíz de este terrible crimen, la fuga del capo Joaquín 'El Chapo' Guzmán y acusaciones de conflictos de interés.

Con el informe de la CIDH, "las instituciones mexicanas quedan muy cuestionadas, es un elemento más que se suma a la falta de credibilidad del discurso oficial en muchos ámbitos, del propio ejercicio de gobierno", dijo a la AFP el profesor de política Héctor Zamitiz Gamboa, de la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM).

El informe de la CIDH cuestiona que las conclusiones de la Fiscalía se basen casi exclusivamente en testimonios contradictorios conseguidos presuntamente bajo tortura, que se ignoraran o destruyeran importantes pruebas o se omitiera indagar más en qué papel podría haber tenido un quinto autobús posiblemente cargado de droga en el ataque el 26 de septiembre de policías de Iguala, en el sur del estado de Guerrero, a los jóvenes y su posterior entrega a narcotraficantes.

"México necesita resolver el caso Ayotzinapa cuanto antes (...) no sólo para resolver este crimen, sino para probar al mundo que hay luz al final del túnel de la impunidad mexicana", manifestó este lunes el periódico El Universal en su editorial.

Aunque la fiscal general, Arely Gómez, se comprometió a tener en cuenta las recomendaciones de la CIDH y a realizar un nuevo peritaje sobre la presunta incineración, este lunes el director de la Agencia de Investigación Criminal de la dependencia, Tomás Zerón, insistió en que hay peritajes "contundentes" que prueban que al menos un gran numero de los 43 estudiantes fueron ultimados en el basurero.

La versión del basurero fue presentada por el exfiscal general, Jesús Murillo Karam, como la "verdad histórica" pero su investigación fue criticada y el funcionario fue relevado por Gómez en marzo.

El informe de los expertos constata que hay "una historia fabricada por la PGR (Fiscalía) y presentada como versión final, imprescindible para voltear la página, cerrar el libro, 'superar' Ayotzinapa como nos conminaron", escribió la politóloga Denise Dresser en una columna en el diario Reforma titulada "Mentira histórica".

Dresser se refería a la petición que hizo el presidente Peña Nieto dos meses después de la tragedia, cuando emplazó a los mexicanos a mirar hacia adelante y superar ese episodio negro, ganándose fuertes críticas entre quienes consideraron que no abordó con sensibilidad ni dedicó suficiente espacio en sus discursos públicos a este caso.

De hecho, muchos mexicanos no perdonan a Peña Nieto que, en todo este año, no haya ido a Guerrero a conocer de primera mano la situación de las familias de los chicos y que sólo se reuniera con ellas una vez en octubre del año pasado.

"Me parece que es indudable que se ha tratado de cuidar la figura presidencial y su propia integridad en el sentido de no hacer mayor presencia en un estado que tiene serios problemas de seguridad, pero eso fue un error, debió de haber habido mayor definición sobre el interés de resolver el asunto" de parte del gobernante, estima el profesor Zamitiz Gamboa.

Al aceptar la petición, Peña Nieto reiteró este lunes su "invariable y permanente disposición de estar cerca de los padres de las víctimas y apoyarlos de manera permanente".

A la mitad de su mandato de seis años y con una aprobación que cayó al 35% en agosto, Peña Nieto podría marcar "una nueva etapa" con esta reunión, en la que debería comprometerse a presentar "resultados creíbles para hacer justicia" en un caso que conmocionó al mundo, cree Zamitiz.'Caso Iguala'

El 26 de septiembre del 2014, un centenar de estudiantes pertenecientes a la escuela de magisterio rural de Ayotzinapa llegaron a Iguala, en el estado de Guerrero, para apoderarse de autobuses que iban a utilizar para acudir a una protesta en la capital,cuando fueron atacados a tiros por policías municipales y sicarios.

Tres murieron en durante las primeras horas del ataque, mientras que los restos calcinados de otro más fueron hallados más tarde e identificados. Los otros 42 continúan desaparecidos.

Los familiares de los jóvenes nunca dieron credibilidad a las conclusiones del entonces fiscal Jesús Murillo, que según abogados conocedores del caso trató de cerrar el caso cuanto antes porque perjudicaba al Gobierno.

Uno de los aspectos fundamentales es esclarecer qué papel jugaron esa noche laPolicíaFederal y el Ejército, que estaban al tanto de los movimientos de los estudiantes,pero no intervinieron para impedir el ataque contra los jóvenes desarmados y en pleno centro de la ciudad. Al parecer una patrulla de la Policía Federal llegó a detener uno de los autobuses en los que se desplazaban los estudiantes.

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